23/2/12

CARTA ABIERTA DE UN VECINO DE BARILOCHE A KARTA ABIERTA BARILOCHE

  

En días pasados el grupo Carta Abierta Bariloche (en adelante CAB) publicó en su blog un posteo titulado “Espacio Carta Abierta Bariloche: sobre la cuestión minera” con un texto absolutamente parcial que intenta confundir con una importante cantidad de inexactitudes tendencionsas en vez de aportar al debate por el saqueo y la contaminación minera que desde hace años (no es ninguna novedad) está planteado desde las comunidades afectadas a lo largo y ancho de Argentina en particular y Latinoamerica en general.
El texto en cuestión arranca dando una definición laxa y por demás reduccionista de la Provincia de Río Negro: “…es una provincia marítima, de estepa, andina y potencialmente minera” como si la supuesta potencialidad minera fuera equiparable a sus características naturales; y dicho sea de paso, obivando que antes de ser supuestamente minera, Río Negro es ganadera, frutícola, hortícola, vitivinícola, agroindustrial, pesquera, forestal, turística, de servicios, fabril y petrolera (convencional). La supuesta potencialidad minera de Río Negro no es más que otro cliché inventado por el propio sistema globalizado que sólo sus voceros más acérrimos se encargan de arengar.
Le yerra bastante feo CAB en la apreciación harto subjetiva de que el tema minero preocupa y moviliza “…en particular, porque la parte andina es en gran parte reservas naturales y base de una riqueza social que es el turismo”, siendo por demás público y notorio que el rechazo popular a la megaminería con uso de sustancias tóxicas no es concretamente por eso, sino porque resulta en una continuidad del modelo colonial de apropiación del territorio y los bienes comunes (que CAB también llama de manera impropia “recursos” tal como lo hacen el gobierno y las corporaciones saqueadoras transnacionales), modelo que indefectiblemente y como es evidente compromete la vida y la economía de la población y acentúa la matriz del despojo y la devastación vigente actualmente en Argentina.
En el párrafo siguiente, en una actitud típica de simplificación de los hechos y apropiación del relato, equipara las movidas de las leyes provinciales 3981 y 4738, afirmando sin el más mínimo asidero que ambas se aprobaron "rápidamente y con poca discusión”, lo cual no es cierto para el caso de la primera: todos sabemos que la aprobación de la ley 3981 fue un proceso que duró largo tiempo de lucha y prolongados debates públicos que arrancaron en 2003, con el ejemplo de la movida popular de Esquel y terminó con la sanción definitiva en 2005. Es lisa y llánamente desconocer la escencia de lucha social equiparar ese proceso con el de la ley 4738 que fue sancionada sin el más mínimo debate, a puertas cerradas y en pocos días. Además las denomina a una y a otra norma como “Ley Saiz” y “Ley Soria” respectivamente, cuando es de público conocimiento que la ley 3981 no es de Saiz (ni siquiera figura en el proyecto legislativo elevado oportunamente para ser tratado), sino del pueblo que luchó por ella; y la ley 4738 no es de Soria (a pesar de figurar en el proyecto remitido por el ejecutivo para que sea aprobado sin debate alguno), sino de las grandes corporaciones mineras transnacionales que encontraron en Soria un obediente soldado condescendiente con su estrategia destructiva, como ocurre ahora también con W.
Tampoco, como dicen, pasó poco tiempo entre una y otra: la primera es de 2005 y la segunda es de 2012: ocho años en que media generación de rionegrinos pudo gozar de los beneficios de un ambiente sano y concentrar la lucha social en otros temas relacionados con la apropiación de los bienes comunes, como ser libre acceso a costas públicas, sojización del Valle de Río Negro, revisión de los contratos petroleros, reactivación de la planta de uranio, etc... (en los que también CAB pareciera estar en off-side o directamente ausente con aviso), problemáticas que la presente gestión del gobierno prometió resolverlos en función del interés social, promesas que pasados unos pocos meses parecen haberse olvidado, corroborando que a pesar del cambio de caripelas, la matriz del saqueo y la devastación seguirá siendo uno de los ejes más destacados de la gestión de gobierno y por ende nuestra lucha se incrementará, con este nuevo aditamento de la apertura oficial a la expoliación y contaminación minera de nuestra provincia.
En otro párrafo también de neto corte simplificador, pretende solapadamente equiparar la lucha contra la megaminería con uso de sustancias tóxicas con la disputa político-empresarial entre grandes grupos capitalistas por el control de los medios, siendo que esta última nunca fue una lucha popular, porque no se vio representada en las calles como la que llevamos a cabo ahora; esa no es nuestra lucha, sino una disputa interna del poder entre diferentes grupos concentrados del sistema capitalista en crisis, en donde el papel del ciudadano es el de mero espectador y donde la única posibilidad de “participar” es aceptar una receta impuesta desde arriba sin ninguna posibilidad de cambiar ni una coma. Hoy la ley de medios no puede ser aplicada y por ende los luchadores aveces deben irremediablemente caer en los medios corporativos a causa de que en el canal estatal nuestras opiniones no pueden salir al aire y los medios comunitarios alternativos son permanentemente interferidos sin que la autoridad de aplicación haga nada al respecto.
No hay garantías de debate abierto y libre, ya que desde el poder político-económico se intenta manipular con racionalizaciones y argumentaciones rebuscadas que sólo intentan justificar la entrega y el negociado, condicionándolo a hechos consumados, como lo es esta derogación, que viola el principio de progresividad y equidad intergeneracional consagrado en la legislación ambiental argentina de presupuestos mínimos. Que se sepa entonces: nuestra lucha es tanto contra la megaminería saqueante, secante y contaminante y contra los gobiernos cómplices que han decidido por motus propio permitir su accionar depredatorio.
En el párrafo final mencionan la premisa de que “es el Estado el primer defensor del medio ambiente y de los recursos”, algo cierto en los papeles y esbozado en los discursos, pero por demás incontrastable con los hechos concretos de la realidad cotidiana, esa que se vive en cada pueblo y en cada campo afectado por los diferentes daños ambientales y sociales provocados por el extractivismo exacerbado, en cada vecino autoconvocado que es criminalizado en la justicia por protestar legítimamente (más de 5000 compañeros procesados), o en cada maifestante reprimido por fuerzas del estado equipadas para tal fin con plata de todos los argentinos o por grupos de tareas tercerizados que instauran de hecho un estado se sitio, demostrando que ese mismo modelo pregonado por el gobierno también implica la pérdida de soberanía en grandes porciones del territorio donde el Estado Argentino es reemplazado por las corporaciones extranjeras.
Ese mismo párrafo termina enumerando una serie de ítems en los que “consideran necesario ampliar la discusión” pretendiendo como nuevos arrimados al debate cambiar el eje del mismo, que ya lleva más de una década instalado en el imaginario del colectivo social a todo lo largo y ancho del país. En el caso de Río Negro la ley que regula (no prohíbe) la actividad minera, sancionada en uso de las facultades conferidas por el artículo 41 de la constitución nacional y la ley nacional 25675 (que evidentemente CAB desconoce) y con todo el consenso necesario, ya existe; los nuevos gobernantes la derogaron de manera arbitratia y autoritaria, por eso la única salida al conflicto es volver a reponerla.
Por otra parte hablan de seriedad y responsabilidad sin explicar cómo tales condiciones se van a respetar, más aún teniendo en cuenta la gran cantidad de antecedentes que demuestran exactamente lo contrario; plantean una relación utilitaria con la naturaleza que es inaceptable para quienes pretendemos vivir en armonía con el entorno; pretenden que las universidades y otros organismos del estado que (salvo honrosas excepciones) son estructural y orgánicamente cómplices del saqueo minero, actuando incluso como socios capitalistas y/o genrenciadores de las propias empresas que lo llevan acabo (como sucede con la Universidad de Tucumán en Minera Alumbrera, por citar sólo un ejemplo); plantean un debate serio sin manejar ningún tipo de conocimiento del tema, con afirmaciones temerarias, sin el más mínimo sustento en saberes populares o ancestrales ni comprobaciones de base empírico-analítica, principal condición del razonamiento lógico que hace al sentido común de las personas.
Si lo que pretendían era sorprender o impresionar positivamente o tratar de quedar bien con todos los actores en pugna al mismo tiempo, demás está decir que no lo lograron, ya que aventurarse de manera tan advenediza al debate de marras por el sólo hecho de que la cuestión ha tomado trasecendencia mediática masiva, se inscribe en la misma lógica de haberse mantenido ellos mismos por decisión propia (no inducida por nadie, fueron libres de obrar como lo hicieron hasta ahora) al margen del mismo durante estos ocho años en que la política minera del menemismo fue ratificada, implementada y consolidada en absolutamente todos sus términos por el kirchnerismo.
Seguramente ahora desde que echaron a rodar la palabra “debate” para la cuestión minera en Argentina, CAB y demás cultores de la obsecuencia debida pretenden mostrarse preocupados en convencernos del tan mentado “diálogo” para que dejemos las calles y nos sumerjamos en otro inconducente simulacro participativo para desarticular la lucha, no sea cosa que sigan cayendo las acciones de las empresas maldadosas que nos dañan y los que ya cobraron por anticipado tengan que empezar a poner sus barbas en remojo.

Les dejo algunas preguntas, a ver si CAB las puede responder sin medias tintas:
1) ¿Acaso las grandes compañías mineras no son también corpos desestabilizadoras?
2) ¿O es que el gorilómetro no funciona para aquellas empresas inglesas (o de países de la Commonweath) y sus socios de la burguesía nacional que participan de la fiesta de la corruptela?
3) ¿Con qué derecho se arrogan la desición de ponderar por sobre el derecho a la vida y a un ambiente sano, el seguimiento irrestricto a un movimiento político o una gestión de gobierno a costa de poner en riesgo el ecosistema natural, las pautas culturales ancestrales, la salud y la supervivencia de las personas y las comunidades?
4) ¿No saben que las empresas que saquean la cordillera por obra y gracia del gobierno nacional son las mismas que lo hacen en Malvinas en nombre de la corona británica?
5) ¿Acaso las Malvinas son Argentinas y el resto del territorio nacional no?

Ya que están usando el tema Malvinas de muletilla recurrente para descalificar la lucha social contra la megaminería, basta mencionar que la pérdida de soberanía en las islas australes fue un proceso gradual de casi dos siglos, impulsado por una potencia extranjera, la misma condición en grandes porciones del área continental decenas de veces mayor en superficie en manos de las megamineras, demandó unos pocos lustros y fue impulsado por una sucesión de inescrupulosos gobernantes locales cipayos.
Para finalizar les dejo la reflexión pública del Fiscal Federal Gustavo Gómez que hace poco visitó Bariloche en apoyo a nuestra lucha y para demostrarnos que en frente tenemos una verdadera asociación ilícita de delincuentes y criminales de abultado prontuario; evidenciando que no se puede debatir seriamente dejando de lado de manera intencionada alguna de las patas del modelo extractivista y depredador que se cuestiona: “En el mundo la gran manera de ganar dinero es contaminando, con el dinero se puede comprar corrupción, con la corrupción se puede comprar impunidad y con la impunidad se puede contaminar más todavía, así arrasan con nuestro territorio y nuestros bienes comúnes...” Más claro, echenle agua y por favor que sea sin cianuro.
  

LA IMPLEMENTACIÓN DE ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS COMO ESTRATEGIA EN LA DEFENSA DE LOS BIENES COMUNES Y EL TERRITORIO

 
Recientemente el pueblo de Mendoza volvió a manifestarse en las calles y la legislatura provincial para solicitar la ampliación de las áreas naturales protegidas con la finalidad de salvaguardar los bienes comunes, con especial énfasis en el agua, como reaseguro para evitar el pillaje de los mismos por parte de grandes corporaciones transnacionales. Nuevamente asistimos a otro logro de la lucha popular, al obtener la sanción de la ley que crea el área protegida Portillo – Piuquenes, que permite unir en un solo corredor de conservación a las existentes Parque Provincial Cordón del Plata, Parque Provincial Tupungato, Reserva natural y cultural Manzano Histórico y Reserva Hídrica Laguna del Diamante.
  
Con la ampliación de la Reserva Manzano Histórico, la conservación de la naturaleza ratificó su condición de herramienta válida como alternativa al modelo de saqueo de los bienes comunes y devastación del territorio. En el caso de la foto, todos los elementos visibles del paisaje están dentro del área protegida, corroborando que en este caso la delimitación de la misma es integral y abarcadora, además de consecuente con la vida y la economía de la población

Esta situación demuestra que trabajar con áreas naturales protegidas puede ser una alternativa válida al modelo extractivista, pero sólo cuando además de crearlas con un marco legal adecuado, se permita a las poblaciones circundantes ser partícipes de su gestión y gozar todos por igual de sus beneficios. Esta situación está ampliamente demostrada con hechos concretos en el caso de la provincia de Mendoza, donde las áreas protegidas constituyen un excelente complemento de la lucha contra el avance extractivista y su implementación funciona por ser una herramienta eficaz y práctica en este sentido.
Desde que comenzamos a fines de los '90s a diseñar y evaluar técnicamente estos proyectos, difundirlos y lograr que la población se apropie de ellos y las reclame con el mismo énfasis que el NO a la minería contaminante, hasta el momento hemos logrado sacar varios, ya sea por leyes o resoluciones judiciales, siempre militadas con el pueblo en la calle, que es la unica forma de que salgan:

2005: se amplió la reserva Laguna del Diamante de 30 mil a 192 has, bloqueando 3 proyectos mineros avanzados (Papagayos, Picos Bayos y Ninu) y bloqueando alrededor de 200 cateos y manifestaciones. De esta manera quedó bajo protección definitiva la mayor reserva de agua dulce en estado líquido de Mendoza y los manantiales con el água más pura que se conoce en Argentina (conductividad de 20 a 30 micromohs: diez veces menos que el agua destilada que se comercializa habitualmente)
2006: se le concedió mediante fallo judicial status legal de área natural protegida a la Reserva Villevicencio, de 70.000 has, una de las fuentes de agua mineral y termal más conocidas del país, desactivando la reactivación de la Mina Paramillos (una explotación polimetálica historica que había pasado a una subsidiaria de Barrick), con un amparo ambiental que obligó a los mineros a paralizar todos los trabajos de exploración y retirarse, además de bloquear 500 cateos y manifestaciones de descubrimiento existentes.
2007: se creóel Monumento Natural Puente del Inca y se amplió la Reserva Telteca, incrementando unas 20.000 has la superficie bajo esta figura legal de protección de la naturaleza.
2008: se amplió la Reserva Laguna de Llancanelo de 44.000 a 96.000 has, reduciendo a la mínima expresión una concesión petrolera de Repsol que amenazaba a la colonia de flamencos más grande de sudamérica que habita allí, esto gracias a un amparo ambiental interpuesto por una ONG ambientalista que obligó al gobierno a parar la producción petrolera y ampliar el área protegida.
2010: se amplió la Reserva La Payunia de 192 mil a 630 mil has y se la recategorizó como Monumento Natural y Santuario de Flora y Fauna, con lo cual se revalorizan aún más sus cualidades ecológicas singulares que la han convertido en un sitio de interés mundial para el turismo y la ciencia. De esta manera se logró desactivar varios proyectos mineros y bloquear alrededor de 200 cateos y manifestaciones.
2011: se creó el Parque Provincial Cordón del Plata, de aproximadamente 250 mil has, incluyendo en el mismo el área colindante que había sido desafectada del Parque Provincial Tupungato cuando a fines de los '80s se proyectó el desarrollo minero de la cuenca del Río Santa Clara, además de ese proyecto de cobre y oro que ya había sido explorado y estaba en condiciones de comenzar su explotación, se bloquearon 300 cateos y manifestaciones de descubrimiento.
2012: se creó el Área Natural Protegida Portillo-Piuquenes de 343 mil has,  que en escencia es la ampliación de la Reserva Manzano Histórico, bloqueando alrededor de 1000 cateos y manifestaciones, varios de los cuales ya iban a comenzar a ser explorados.  El área abrca casi todas las fuentes de agua del Valle de Uco, un verdadero humedal de altura que da vida a una amplia región de la provincia de Mendoza. Con esta área suman más de 2 millones de hectáreas protegidas de los sistemas montañosos y cuencas hídricas de Mendoza, una superficie casi equiparable al Sistema de Parques Nacionales; y Mendoza pasó a ser de la provincia Nº 19 a la primera del país en cuanto a extensión bajo este estatus legal en menos de 8 años.

Quedan todavía por aprobar los proyectos de la Reserva Hídrica del Cerro Nevado, en General Alvear y el Parque Provincial Polvaredas, en Uspallata, que sumarían 1 millón de hectáreas más y desactivarían varios proyectos mineros a punto de comenzar, como la Mina San Jorge, Anchoris, Punta del Agua, etc. Estos dos proyectos de áreas protegidas son los más complicados de sacar sus leyes, ya que los intereses en juego son aún más grandes.
El aditamento que brindan las áreas protegidas como complemento de la lucha social por el ambiente sano es el valor agregado que estas unidades territoriales brindan a la vida y la economía de la población, ya que además de proteger los bienes comunes y el territorio, poniéndolos a disposición de la población, permite el desarrollo de diversas actividades económicas que resultan mucho más beneficiosas y saludables para las comunidades locales, posibilitando efectuar dicho desarrollo en una verdadera armonía con el entorno, conservando el medioambiente y el patrimonio cultural.
En Mendoza está comprobado que las áreas protegidas generan más beneficios económicos que la mega-minería y la distribución de estos es mucho más abarcativa y estratificada, con casos que están estudiados y evaluados económicamente por el propio gobierno provinccial (lógicamente es info reservada que poca difusión tiene, pero que se puede conseguir).
Además de restringir el avance minero, las áreas protegidas benefician a los agricultores y ganaderos, en especial orgánicos, ya que pueden certificar la producción con "denominación de origen protegido" porque pueden demostrarle al mundo que la misma está irrigada con agua que proviene de un área protegida donde están terminantemente prohibidas las actividades extractivas y es obvio que el vino, la fruta, el ajo, la verdura, las aromáticas como el orégano, los lácteos, la carne y el agua mineral que producen las pymes del Valle de Uco conforman una producción que está mucho mejor posicionada en cualquier mercado interno o externo que los mismos productos de San Juan, de Chile e incluso del resto de la provincia de Mendoza.
También el turismo se ha visto beneficiado, en especial el turismo aventura, ya que también está comprobado que un destino turístico con status legal de área protegida se posiciona mejor en el mercado que uno igual que no lo es. El turismo de aventura tiene la particularidad de que practicamente todas las empresas prestadoras de servicios son pymes familiares o de grupos de amigos, a diferencia del turismo convencional de masas que es desarrollado por grupos económicos concentrados. Además la ley de Mendoza prohibe el desarrollo de grandes emprendimientos hoteleros en las ANPs, por lo que la posibilidad de alteración del medio se limita al desarrollo de infraestructura básica para la accesibilidad, el control, la gestión de las áreas y la atención de los visitantes. Hay que tener en cuenta que además del desarrollo de empresas locales, en Mendoza se han radicado pymes turísticas que han debido irse (junto con todo su personal) de sus lugares de origen por el avance minero, tal es el caso de 5 pequeñas empresas de turismo que operaban cabalgatas, trekking y andinismo en la zona de Veladero y Pascua Lama, en la vecina San Juan; y ahora lo hacen en las montañas protegidas de Mendoza.
Para que los proyectos de ley de áreas naturales protegidas sean aprobadas por la Legislatura provincial es condicion sin equanon que el pueblo se movilice en las calles pidiendo su sanción, porque con la tarea de los técnicos solamente no basta, hay demasiados intereses enormes en juego que siempre terminan trabando los proyectos.
   
En síntesis, está ampliamente demostrado que las áreas protegidas constituyen no sólo una forma efectiva de frenar el avance minero (desde ya complementario al resto de las acciones reivindicatorias que la población pueda llevar a cabo) sino también brinda la posibilidad de contar con una alternativa de desarrollo económico de las poblaciones locales amigable con el entorno, garantizando la continuidad de sus pautas culturales y reafirmando sus saberes ancestrales, los cuales, en la medida de lo posible, pueden ser incorporados al conocimiento científico. Por eso es que las organizaciones sociales y asambleas autoconvocadas de Mendoza las han internalizado y las defienden como una estrategia más en defensa del territorio y los bienes comunes.
 

ALGUNOS SE RASGAN LAS VESTIDURAS HABLANDO DE DESARROLLO SUSTENTABLE... PARTE 2: MEGAMENTIRA MEGAMINERA

Hace aproximadamente dos años y medio, iniciábamos este espacio de expresión con un posteo hablando de "Desarrollo Sustentable" que hasta ahora resultó ser por lejos el más leído. Este primer artículo era la reproducción de una conferencia dada en el año 2000, la cual marcó en aquel entonces mi inicio en las lides de la lucha contra la megaminería saqueante, secante y contaminante que afecta a grandes porciones del territorio nacional y de toda la “patria grande” de América Latina.
Iniciado el 2012, nos encontramos ante una nueva arremetida de las corporaciones en Argentina que se produce una vez consolidado en las urnas el gobierno garante de tamaña depredación, con casos de flagrante violación a los derechos humanos consagrados en la Constitución Nacional y la legislación ambiental, como lo fue (por citar sólo algunos ejemplos) la derogación de la ley provincial 3981 de Río Negro o el nuevo intento por destruir el Nevado del Famatina en La Rioja.
La respuesta de las poblaciones afectadas ha sido renovar e intensificar la lucha social a través de la movilización, la protesta y los bloqueos a las empresas saqueadoras; y consecuentemente la contrarrespuesta del bloque sordo conformado por el gobierno y las corporaciones transnacionales ha sido la intensificación de la criminalización de manifestantes con causas inventadas en la justicia (con el nuevo aditamento de la Ley Antiterrorista); y el aumento en grado y violencia de la represión, ya sea ejercida por las propias fuerzas armadas y de seguridad (que son instruidas y equipadas con dinero de todos los argentinos para provocar daño en las personas) o grupos tercerizados que ejercen de hecho el estado de sitio en grandes porciones del territorio nacional, donde evidentemente hace tiempo que el Estado Argentino ha cedido su soberanía en favor de las corporaciones extranjeras que a expensas de gobiernos entreguistas, ha pasado a suplantarlo y ejercer el control en todos los aspectos de la administración pública.
Conviene entonces empezar a reafirmar conceptos técnicos, para hacer frente a la consiguiente ideologización apócrifa de la ciencia y descalificación de los saberes ancestrales que gobierno y mineras intentan llevar a cabo para imponer el modelo de la devastación a lo largo y ancho del territorio nacional


Las estrategias del discurso megaminero propalado por empresas y gobierno incluye la manipulación y descontextualización, no sólo del significado de la terminología específica sino también de las imágenes, apoyados por un importante aparato comunicacional, cuya tarea es principalmente desviar el foco de atención de los padecimientos que la población sufre por la imposición del modelo. En este marco se inscribe el cuestionamiento a quienes se oponen, por el solo hecho de mencionar si las imagenes corresponden o no al contexto y/o a la coyuntura. Como ejemplo están las dos imágenes de arriba: una es de una represión ejercida en 2008 contra pobladores del Amazonas, en Brasil que se oponían a la deforestación, la otra es de la represión ejercida hace unos días por la policía en Andalgalá, contra manifestantes que bloqueaban el paso de camiones mineros. A la obsecuencia debida le encanta aplicar el ejuego de las "siete diferencias", pero es indudable que las similitudes de coyuntura y contexto no adminten mayores diferenciaciones: La apropiación y el saqueo de los bienes comunes, así como la devastación de su territorio y la violencia ejercida por los gobiernos contra su población es un problema recurrente de toda Latinoamérica y su historia, más allá del maquillaje que el cerco político-empresarial decidan adoptar para la ocasión.

Las principales falsedades ideológicas discursivas de la megaminería:

“La industria minera”

La minería que se ejerce en los países del tercer mundo, también denominados subdesarrollados, como el nuestro, es una actividad extractiva, no una industria, porque no tiene proceso productivo y menos aún, genera manufacturas que puedan ser liberadas al mercado para el consumo de la población, sino que genera materias primas destinadas exclusivamente a un reducido séquito externo que puede adquirirlas; consecuentemente el material extraído no tiene valor agregado en origen. Al generar extracción en vez de producción, mal puede decirse que sea “necesaria” porque no responde ni se desarrolla en función de las “necesidades” de la población, sino que las explotaciones y el consecuente daño ambiental y social, se lleva a cabo exclusivamente en función del interés de unos pocos privados a los que en escencia poco gravita dicha necesidad, sino más bien sus decisiones están motorizadas por un mero afán de lucro personal que produce el negocio.

"La minería sustentable"

La minería no es sustentable, sencillamente porque es una actividad basada en la extracción de bienes comúnes (mal llamados recursos naturales) no renovables, encerrando en sí misma el germen de su propia autoextinción. El concepto “sustentable” o “sostenible” implica por definición y etimología, perpetuidad en el tiempo (al menos de alcance intergeneracional) sin perjuicio el entorno y permitiendo que los beneficios sean repartidos de manera equitativa entre todos los actores involucrados y que los mismos también lo sean de manera equitativa aprovechables para las futuras generaciones. Esto es algo que la minería de gran escala impulsada por el gobierno y las corporaciones, no garantiza en lo más mínimo. La expresión "minería sustentable" es una ideologización conceptual ideada por el empresariado minero con el único fin de manipular a la opinión pública, que en nada tiene que ver con un concepto técnico-empírico.

"La minería es necesaria (o indispensable) para artículos de uso cotidiano"

Otra mentira, quizás esta es la peor de todas, primero porque la minería no es el único medio para la obtención de metales: en los basurales del primer mundo hay muchos más metales que en toda la cordillera, por lo tanto en el mundo moderno la minería no es necesaria ni menos aún indispensable, sí lo es el reciclaje...
Además ninguna de las empresas mineras que operan en Argentina nos certifica el destino de los minerales extirpados de nuestra tierra (no lo hacen ni están dispuestas a hacerlo: seguro algo deben ocultar), por ende realmente no tenemos ni la más mínima certeza sobre si los mismos realmente van a ser empleados para fabricar estos artículos de uso cotidiano que tanto hablan, como puede ser televisores, autos, teléfonos computadoras, etc (que nos van a vender a valores más altos que en sus países, siendo que nosotros proveemos la materia prima); o si en realidad los utilizarán para armamento, equipamiento militar y tecnología aeroespacial de los mismos países que nos están saqueando que seguramente emplearán para someternos y seguir garantizando la continuidad del saqueo; o para objetos suntuarios; o para los tesoros de esos países.

"La minería responbsable"

Esta frase representa otro invento maniqueo del sistema que es reproducido a tontas y a locas en iguales proporciones por empresas y gobierno. Este “concepto” involucra dos aspectos fundamentales del sostén filosófico del capitalismo posneoliberal ladriprogresista basado en la expoliación del territorio y los bienes comúnes:
- La responsabilidad social empresaria
- La licencia social para llevar a cabo proyectos de envergadura

"La responsabilidad social empresaria en minería"

El mecanismo de la “responsabilidad social empresaria” es ejecutado con un alto grado de retórica o maquillaje discursivo que acompaña una serie de medidas asistencialistas en el entorno de las explotaciones, donde las empresas se autoadjudican roles que el estado a través de sus diferentes ámbitos y poderes no ejerce o deja ex profeso en manos de las corporaciones.
Estas medidas incluyen desde la construcción de infraestructura básica de salud, educación, esparcimiento, transporte, etc. Hasta aportes en materiales (siempre en comodato) a productores locales, como entrega de maquinaria, capacitación y tecnología; o directos a la población, como electrodomésticos, casas y hasta dinero en efectivo.
Debe remarcarse que la totalidad de estos actos de “beneficencia” de las empresas son facturados al estado, ya que la legislación impositiva de Argentina permite que estos gastos que efectúan las corporaciones se deduzcan del impuesto a las ganancias. Como la ley de inversiones mineras también contempla el retorno de los montos que las empresas declaran como “inversiones”, la deducción es doble y por ende:
- El estado paga el doble por esos servicios desatendidos, o dicho de otro modo, el estado despilfarra el dinero de todos los argentinos para ceder su soberanía a potencias extranjeras dentro de su territorio.
- Las empresas mineras tienen vía libre para lucrar con la “beneficencia”, un negocio aparte de su actividad específica, que le deja ganancia del 100% a costa exclusiva de las necesidades de la gente.

"La licencia social para la megaminería"

Se podría decir que la imposición de la megaminería en las comunidades locales es un verdadero “arte” ya que básicamente cada vez que se busca imponer megaproyectos que son naturalmente rechazados por las poblaciones locales, se intenta “dibujar” verdades y opiniones favorables para montar y procurar sustentar una puesta en escena ficticia de una aceptación que no existe. Está claro que esta operación incluye todo tipo de procedimientos contra quienes se oponen, como ser:
- Tareas de inteligencia y espionaje, como las descubiertas en Famatina por parte de la empresa Osisko
- Amedrentamiento y violencia directa contra la población, como el que ejerce Minera Alumbrera en los pueblos del oeste catamarqueño.
- Ocultamiento de información, como los derrames e infiltraciones producidas por minera Alumbrera en el dique de colas y el mineraloducto de 300 km. que atraviesa el Aconquija o las muertes de trabajadores en las minas de Santa Cruz.
- Falsedad ideológica, al fraguar información en los estudios de impacto ambiental e informes técnicos de los proyectos, de los infinitos ejemplos existentes se puede mencionar el caso de Minera San Jorge, en Mendoza, que tiene una causa penal en la justicia contra directivos de la empresa y funcionarios de gobierno.

Con la gran cantidad de información disponible a cerca del daño ambiental y social que produce la megaminería metalífera con uso de sustancias tóxicas; y la violencia verbal y física que ejercen corporaciones y gobiernos para imponer el modelo extractivista, más el andamiaje legal especialmente aceitado para que puedan operar con total impunidad, es imposible demostrar con hechos concretos la existencia de “Licencia Social” para esta actividad, por eso se hace un uso exacerbado y abusivo de la retórica, al punto que llega a representar un gasto mayor que el que empresas podrían emplear en el desarrollo de tecnologías alternativas más amigables con el entorno y para el gobierno resulta más oneroso que invertir en desarrollos alternativos para las poblaciones locales. Está claro entonces que la minería de gran escala ejercida por grandes empresas transnacionales, es primero que nada, un negocio de pocos.

Y alguna vez dejamos de lado tanta farsa forzada y consideramos modelos alternativos que proponga la propia población?

Más allá de todo lo expuesto, es evidente que la política minera de gobiernos y empresariado menosprecia el principio de autodeterminación de los pueblos, al intentar imponer por la fuerza un modelo que se contrapone con los intereses de las poblaciones donde estas explotaciones se llevan a cabo, produciendo daños ambientales y perjuicios a las demás actividades tradicionales, como la agricultura, la ganadería y el turismo.
Además los gobiernos jamás han planteado ni considerado alternativas al modelo megaminero, por ejemplo: un parque nacional (o cualquier tipo de área natural protegida con status legal) en lugar de una explotación minera: no sólo se protegerían el territorio y los bienes comunes, asegurando su disponibilidad y acceso para todos, sino también con manejo adecuado se generarían más puestos de trabajo y una distribución más equitativa de la riqueza, con la posibilidad de que la misma quede en el lugar, en este caso sí podemos hablar de un desarrollo sustentable o sostenible, ya que podemos hacer un uso racional de bienes comunes renovables garantizando el beneficio y goce para toda la población y su disponibilidad a las generaciones futuras.

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