1/7/11

BARILOCHE: ENCENDIENDO LUCES POR LA JUSTICIA POPULAR ANTE LOS INTENTOS DEL PODER POR OSCURECER LOS RECLAMOS SOCIALES

 
Impunidad impúdica o impudicia impune (el orden de los factores no altera el producto)
  
El 17 de junio de 2010 en una acción de terrorismo de Estado, en Bariloche, Río Negro, Argentina, la policía asesinó a tiros a tres personas (Diego Bonefoi, Nicolás Carrasco y Sergio Cárdenas), en medio de una tremenda represión llevada a cabo como respuesta a una pueblada que se produjo tras la muerte del primero de ellos; los otros dos lo fueron durante la reacción popular posterior, donde también fueron golpeados, baleados, secuestrados y torturados 23 manifestantes más, por la misma policía de Río Negro.
Estos sucesos no son otra cosa que una muestra cabal de las políticas represivas vigentes en Argentina, particularmente dirigidas hacia quienes llevan a cabo distintas modalidades de protesta social contra los atropellos al interés del colectivo social pergeñados por el cerco político-empresario gobernante, que obviamente responde con este tipo de atropellos, amparados por la vulnerabilidad de un andamiaje jurídico-legal especialmente diseñado no sólo para consumar este tipo de tropelías, sino también para luego castigar a las víctimas y amparar a los ejecutores, tanto materiales como intelectuales, o sea, aquellos que han diseñado e implementado estas estructuras y políticas de estado vigentes en Argentina, tendientes a silenciar y castigar a quienes reclaman por la vigencia de los derechos más elementales del ser humano conviviendo en una sociedad "civilizada" y justa.
  
Fluido Vital: De todas las imágenes de aquellos aciagos días que recorrieron el mundo, quizás esta es la que mejor representa de manera simbólica la resistencia popular ante la arremetida del terrorismo de estado. (Foto: Alejandra Bartoliche)
  
Coincidentemente (o no tanto) por estos días, justo a un año...
  
Hacía poco que se conoció la sentencia al único imputado por el asesinato del primero, el cabo Sergio Colombil, de la policía de Río Negro, quien obviamente fue sacrificado por la sociedad hegemónica del poder local ante la imposibilidad de ensuciar la causa judicial, actitud que indudablemente tendió a evitar que se hurgara en las responsabilidades institucionales y/o políticas, más allá del autor material del asesinato. La causa pudo ser resuelta en esta instancia gracias a la continuidad y persistencia del reclamo social, a pesar de los continuos ataques de la corporación jurídico-legal en connivencia con las más altas esferas del Gobierno de Río Negro, que en todo momento trató de incentivar la confrontación social entre las diferentes castas en la que ellos mismos han dividido a la sociedad de Bariloche, como una maniobra más, distractiva y dilatoria, sumada a todas las otras de corte burocrático-procedimental destinadas a encubrir la cadena de responsabilidades que indudablemente trepa hasta toda la cúpula policial y las principales autoridades del poder ejecutivo provincial, incluyendo al Jefe de la regional III de la PRN, comisario mayor Argentino Hermosilla, al Jede de la policía provincial, comisario general Jorge Vilanova, al Subsecretario de Seguridad, Víctor Cufré (ex-policía), al Ministro de Gobierno, Diego Larreguy, y al Gobernaror de la Provincia, Miguel Sáiz.
Curiosamente y por razones desconocidas (que también deberían explicar), todos estos personajes se encontraban en Bariloche cuando empezaron los hechos luctuosos que describimos y evidentemente, estando al mando del operativo montado, tomaron decisiones e impartieron órdenes que terminaron en los sucesos por los cuales a un año de ocurridos se continúa reclamando memoria, verdad y justicia. Entre esas decisiones estuvo la orden de usar balas de plomo para reprimir, en lugar de las postas de goma determinadas en los protocolos policiales para dispersar tumultos de personas.
Esa misma corporación estadual también se ocupó de embarrar la otra causa judicial que se tramita por las dos muertes restantes, la que hasta el momento no tiene ningún tipo de avance; porque al no estar claramente individualizados los autores materiales de los asesinatos, desde un principio se apuntó a las responsabilidades políticas y cuando funcionarios provinciales y plana mayor de la policía fueron citados a declarar en calidad de imputados, el juez Martín Lozada fue cuestionado y apartado (ya lo había sido en la causa anterior, que finalmente fue resuelta de la misma manera, aunque con pena menor para el imputado), por lo que la causa por las otras muertes retrocedió casi a cero y quedó camino a la irresolución. El mismo camino parecieran tener las numerosas causas iniciadas por secuestros, detenciones ilegales y torturas de otras personas en esos días y otras causas más por persecución política e ideológica hacia los familiares de las víctimas.
Por estos días también tomó estado público la situación irregular de detención y traslado del ya mencionado policía condenado por el primero de los asesinados, en total convivencia jocosa con los policías y penitenciarios que debían transportarlo como detenido y vigilarlo de acuerdo a los protocolos de seguridad, situación que indudablemente agrega aun más irritabilidad social a la ya exasperante situación de injusticia reinante.


A pesar de las adversidades climáticas, la nube volcánica, los desproporcionados vallados y la amenaza policial, siempre equipada y predispuesta para reprimir, la gente estuvo en la plaza de la opulencia y la desidia, reclamando verdad y justicia por las muertes del gatillo fácil.


"Blanco Fácil" Aporte de integrantes de la escuela de arte "La Llave" del alto Bariloche: Las instalaciones artísticas, propias del arte contemporáneo, desde su presencia efímera tienen la potencialidad de impregnar de significados a los objetos, involucran al espectador en una experiencia que inaugura preguntas. Gentileza: Galería Bariloche.
  
Oda a la Innominia...
  
A un año de esos crímenes se realizó una movilización que partió desde el sitio donde se cometió el primero de los asesinatos, el barrio 2 de Abril, y concluyó en la plaza principal de Bariloche, donde se hizo un acto en el que hablaron los familiares de las víctimas y se realizó una suelta de globos negros.
Y es precisamente en esa plaza del Centro Cívico, símbolo del poder local y de la carencia de identidad colectiva propia, porque ni nombre tiene, ni jardines, ni flores, ni pájaros, ni tierra, ni juegos infantiles, al mejor estilo imperial; está sólo el monolítico monumento de Roca en el medio, rodeado de hormigón y piedra cortada, como una suerte de alegoría del páramo yermo (debe ser por eso que algunos le llaman "expedicionarios al desierto"), devenido del genocidio aborigen tras su paso y la devastación sistemática del territorio, a la que hoy más que nunca continuamos asistiendo, en una espiral creciente que pareciera no tener fin.
En esa plaza pétrea, la de los antagonismos, las estigmatizaciones infundadas y la permanente discriminación y desidia propendida por los sectores más pacatos y rancios de la sociedad local, esa que niega y que ignora exprofeso, esa que esconde mucho más de lo que exhibe; allí, sin ningún tipo de tapujos, en esa plaza, los participantes compartieron reflexiones y compromisos por la verdad y la justicia por todos y cada uno de los crímenes cometidos por la Policía de Río Negro y encubiertos por sus propios cómplices del poder político del estado en todos sus ámbitos, no sólo los del 17 de junio de 2010, sino todos los otros, que en los últimos 28 años de vida democrática suman más de 100.

Parte del vergonzoso prontuario de la maquinaria de la muerte en Río Negro se resume en los siguientes casos, si alguien quiere conocer en detalle cada uno de ellos, puede ingresar estos nombres con sus fechas, lugares y causas de muerte en cualquier buscador.
  
Silencio oficial, de eso no se habla...
  
Ese grupo de personas que reclama verdad y justicia, levantando banderas de dignidad, permanentemente desafía todas las adversidades (a las que ese día se sumaron el viento gélido y la caída de cenizas volcánicas); nacido en medio del terror desatado por aquellos días, hace un año atrás, con el objetivo de protegerse entre sí y para denunciar y enfrentar esa impúdica impunidad, esa impudicia impúdica (el orden de los factores no altera el producto); allí estaban, esperando al menos una explicación, un atisbo de arrepentimiento o aunque más no sea el más mínimo acto de reparación para el conjunto de la población atacada, incluidos aquellos sobrevivientes del espanto, para que no engrosen en el futuro la lista de muertos que se carga el Gobierno de Río Negro y el Gobierno Nacional, socio político (una provincia leal, incluso después del desplante de Cobos) y cómplice de todo esta suerte de teatralización que algunos soberbios obsecuentes llaman democracia, pero que en los hechos concretos e independientemente de la hipocrecía discursiva oficialista, no difiere mucho de una dinastía de neto corte feudal.
  
CFK, junto con Miguel Saiz, socios políticos incondicionales
desde 2006, acá también junto al gobernador de Neuquén,
Jorge Sapag, perteneciente a la misma casta política que dio
muerte al docente Carlos Fuentealba en una manifestación.
Y es precisamente el Gobierno Nacional, que con su silencio apañó absolutamente todo el accionar de sus socios políticos patrones de estancia locales; funcionarios que no funcionan y que brillaron por su ausencia y prefirieron (en vez de asumir sus correpondientes y necesarias responsabilidades) ver cómodamente todo por  TV, ser meros espectadores con esa mirada especuladora que los caracteriza. Ninguna autoridad nacional jamás dijo nada en público sobre lo que estaba pasando, vaya a saber porqué; quizás inmersos en su eterno lapsus, vulgarmente denominado burbuja de pedos, habrán supuesto que al estar tan lejos de las esferas del poder central, Bariloche no forma parte del territorio argentino o rionegrino y por ende no ha de merecer atención alguna; o tal vez en su displicente imaginario navegue la idea de que esta porción de tierra abandonada a su suerte no sea otra cosa que un apéndice extraterritorial tipo posesión colonial, suposición que sólo tiene asidero en el sistema económico expoliatorio, de extranjerización y de devastación del patrimonio nacional vigente, porque que saben perfectamente que la fuerza laboral de la gente de Bariloche aporta el 40% de la recaudación provincial y el 0,3% de la recaudación nacional y devuelven menos de la tercera parte y que la situación en el ámbito privado es similar.
Ese gobierno centralista y hegemónico que pretende montar una fastuosa puesta en escena en la que aparece mostrándose firme en la defensa de los derechos humanos, cuando actualmente la protesta social es sistemáticamente reprimida, judicializada y criminalizada a lo largo y ancho del país, ya sea por mano propia o delegada a las fuerzas policiales y/o corporaciones judiciales provinciales o tercerizada a grupos de choque especialmente regenteados (patotas sindicales, barrabravas del futbol, etc). Ese mismo gobierno al que toda clase de acólitos, bajo el paraguas de la obsecuencia debida, pretende desligar a toda costa de las muertes y el estado de sitio de hecho que reinó durante más de dos días, hace un año, en Bariloche. La misma Bariloche que se muestra como la más distinguida y selecta plaza turística de la Patagonia, convertida, por obra y gracia del cerco político-empresario dominante, en un verdadero campo de batalla, de manera repentina para los ojos de todo el mundo pero tan premeditadamente urdida por dicho poder para quienes la padecieron.
   
La Patagonia Emergente: cortometraje documental que muestra desde una perspectiva de denuncia poética y frontal cuestionado al poder que sostiene estructuralmente este tipo de políticas represivas, particularmente en zonas del interior del país, ampliando el plano a la región patagónica. Desde este espacio aportamos algunos datos, gracias al realizador por mencionarnos.

Mascarada y caretaje...

En Bariloche el reclamo por verdad y justicia continúa porque es inaceptable que bajo el régimen de estado de derecho en teoría vigente, la corporación política provincial y nacional diga que no puede determinar quienes fueron los demás criminales asesinos y torturadores en la masacre vivida el 17 y 18 de junio de 2010 y se laven tan descaradamente las manos, manteniendo intacta la cadena de encubrimiento. Es inadmisible que digan que nadie sabe quién bajó la orden de matar a esos escuadrones del terror puestos en la calle por esos mismos funcionarios que precisamente estaban en Bariloche cuando empezó la cacería de pobres, así como fueron rechazados los tibios lamentos de coyuntura esgrimidos desde el propio establisment. En definitiva, el Estado en su conjunto, en todos sus ámbitos y estamentos, lleva a cabo la práctica que siempre hace en Bariloche: abandono de personas. 
  
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