5/5/17

USPALLATA NO EXISTE EN EL PLAN PROVINCIAL DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL DE MENDOZA








Esto, sin haber cumplido las instancias obligatorias establecidas en la Ley Provincial 8051 y la Ley Nacional 25675.
Además de esto, el Gobierno de Mendoza pretende que el supuesto documento enviado a la legislatura, sea aprobado sin ser modificado ni sometido a consulta y/o audiencia pública.
En un alarde de extrema soberbia y sin reparar en las ilegalidades en que están incurriendo, los funcionarios incluso, se jactan de que la provincia de Mendoza será la primera en tener un PPOT, dando por sentado que lo van a aprobar asícomo viene.



Salvo algunas excepciones, hay consenso entre oficialismo y oposición para que ese desconocido documento sea ley en brevísimo tiempo: la Comisión de Ambiente de Senadores lo sacaría en 15 días...
Esa comisión legislativa que ahora se muestra "expeditiva" es la misma que tiene desde hace 13 años pisado uno de los proyectos de ley del ANP Uspallata-Polvaredas: Expte 47787/2004-S.



Desde ya, el documento final del PPOT no está disponible en ningún portal oficial del Gobierno de Mendoza ni de la Legislatura Provincial, con lo cual también se está violando el derecho de acceso a la información pública.


El Secretario de Ambiente de Mendoza, Humberto Mingorance, estuvo en Uspallata a pocos días de asumir, el 2 de enero de 2016, reunido con los vecinos y recibiendo las inquietudes de la población. Ninguna de las inquietudes planteadas en ese entonces han sido canalizadas por la repartición a su cargo, así como tampoco están incluidas en el PPOT: el proyecto del Área Protegida, la creación de una delegación de la DRNR, la Evaluación de Impacto Ambiental de los nuevos loteos y las demandas de los Pueblos Originarios, entre otros temas.


Antecedentes



Haciendo un poco de historia, el PPOT fue presentado en 2014, durante la gestión anterior, sin embargo el propio Gobierno de Mendoza hizo circular varias versiones diferentes del documento, generándose una gran confusión.
Sin haberse aclarado cuál de los documentos era el verdadero y aún con borrones y enmiendas de último momento, se hizo una audiencia pública donde se efectuaron numerosas objeciones. En virtud de ello, el gobierno pretendió manipular los resultados de dicha instancia, por lo que diversas organizaciones sociales la impugnaron ante Fiscalía de Estado. Dichas denuncias, al día de hoy transcurridos tres años, siguen durmiendo.
La oposición política de ese momento (que actualmente está gobernando) también formuló severas objeciones estructurales al documento, las que parecieran haber quedado en el olvido, en una suerte de apología del grotesco arte de borrar con el codo lo que se escribe con la mano y poniendo en práctica las mismas trapisondas y bajezas políticas e institucionales que le criticaban a la gestión anterior.



Se reiteran las críticas: El resultado final de este primer documento es un trabajo de gabinete, sin validación social, que fue mutando a último momento al ritmo de las críticas que iba recibiendo, resultando finalmente en un conjunto inconexo, incompleto, parcial y sesgado de proyecciones, en base a datos desactualizados y diversas omisiones que tienen como trasfondo dibujar una supuesta crisis de la economía provincial, devenida del “dualismo productivo” y generando, también en el plano de las suposiciones, la necesidad de “diversificar la matriz productiva”, planteando como única salida a los problemas de Mendoza, un modelo basado en el extractivismo de gran escala, que incluye la megaminería metalífera hidrotóxica, el fracking, la energía nuclear y faraónicas obras de infraestructura que suelen ser las delicias de políticos y empresarios, pero que el ciudadano común no termina de entender para qué se llevan a cabo, cuando con menos recursos e impacto ambiental se podrían atender los problemas de la gente, si se apelaran a criterios de gestión comunitaria que respeten la voluntad de autodeterminación de los pueblos.



Los principales puntos que debiera afrontar el PPOT con resoluciones de fondo, son el agua y el territorio, dichos puntos son tratados de manera superficial y sin abordar la coyuntura de fondos en ambos casos, que convergen en los mismos intereses corporativos de siempre, los que en todas y cada una de las gestiones de gobierno que pasaron y la presente, resultan ser a todas luces intocables



EL AGUA: lo más importante para la vida y la economía de Mendoza es preservar el agua, protegiendo el territorio donde se encuentran sus fuentes (glaciares, humedales altoandinos, nacientes de ríos y arroyos, y zonas de recarga de acuíferos); y administrando este bien común como lo que realmente debería ser: accesible para todos, desde el agua que tiene que llegar a todos los hogares, cultivos e industrias actualmente existentes en Mendoza; hasta la posibilidad de que todos los mendocinos puedan acceder libremente a los sitios donde ella se encuentra: costas de ríos, arroyos, embalses, lagunas, humedales, termas, vertientes, montañas y glaciares, que en su mayoría se encuentran en manos privadas a pesar de ser bienes públicos. Se debe tener en cuenta los efectos del cambio climático global, en especial a lo que concierne con el expansionismo en la demanda y uso; ya que por este factor, el agua es un bien es cada vez más escaso y consecuentemente no se puede plantear un escenario de crecimiento de la demanda si primero no se logran solucionar los problemas de provisión que han derivado en la crisis hídrica que padece Mendoza en la actualidad.



LA TIERRA: El otro problema es la concentración de la tierra, la privatización de las tierras fiscales y el alto grado de extranjerización (con casos testigo a nivel nacional, como lo son los departamentos de Las Heras, San Rafael y Malargüe, entre otros, que superan los límites de extranjerización permitidos por la Ley Nacional 26.737) y el consecuente despojo a los pueblos originarios y su desalojo, así como la pérdida del patrimonio natural y cultural que esto significa. Para finalizar, otro aspecto fundamental, que no resuelve este plan, es la superposición de regímenes especiales en la ocupación del territorio: concesiones mineras y petroleras en la provincia (otorgadas en general sin cumplir con los presupuestos mínimos fijados en la Ley Nacional 25675, y en particular sin respetar los parámetros fijados por la Ley Provincial 7722), se superponen con regímenes de protección como los de la Ley de Bosques (Ley Nacional 26331), la Ley de Glaciares (Ley Nacional 26339) y las Áreas Naturales Protegidas (Ley Provincial 6045), tanto las constituidas como aquellas proyectadas por la propia autoridad ambiental provincial (Plan de Gestión Ambiental 2008-2012).



Las objeciones planteadas por las Asambleas Mendocinas por el Agua Pura (A.M.P.A.P. colectivo social de 2º grado, del cual la Asamblea de Vecinos Autoconvocados de Uspallata es integrante), quedaron plasmadas en un documento de 77 páginas que fuera presentado al Gobierno de Mendoza en el mes de setiembre de 2014.
De la lectura del PPOT enviado a la legislatura en abril de 2017, se desprende que prácticamente la totalidad de estas objeciones no fueron tenidas en cuenta, así mismo tampoco el gobierno ni las autoridades y/o técnicos de ambiente respondieron por qué tales objeciones no fueron incluidas en el documento definitivo.
A nuestro entender, esta larga lista de objeciones directamente fue ignorada por completo por parte de funcionarios y técnicos, ya que ni la A.M.P.A.P. ni la Asamblea de Vecinos Autoconvocados de Uspallata figuran entre las “instituciones que efectuaron aportes” enumeradas en la pag. 3 a 5 del PPOT.



Consecuentemente, el resultado final de este documento vuelve a reflejar las mismas imprecisiones, incongruencias, datos erróneos y omisiones que el anterior, sumado a que ahora el PPOT no tiene ningún contenido de tipo resolutivo. Para el caso de Uspallata, en el PPOT prácticamente no existe y las problemáticas locales más importante en relación al agua y al territorio son ignoradas por completo.



Los mapas representan la Cuenc del Río Mendoza, con el Área Natural Protegida Uspallata-Polvaredas (arriba) y sin ella (abajo). ¿Se entiende cuál es la diferencia entre proteger TODA la cuenca del Río Mendoza y sólo una parte de ella? ¿Se entiende cuál es la implicancia territorial que tiene el proyecto de los Vecinos de Uspallata, como para dejarlo afuera del PPOT sin dar la explicación correspondiente, y que la misma esté a la altura del rigor técnico que tiene la fundamentación del proyecto?

El Área Natural Protegida en Uspallata-Polvaredas en el PPOT



A modo de ejemplo y en lo que nos incumbe en Uspallata, recordamos que en el año 2009, los Vecinos Autoconvocados presentamos y expusimos el proyecto del Área Protegida Uspallata-Polvaredas, ante el Concejo de Estado creado por la Ley Provincial 8051. Esta presentación se llevó a cabo el día 5 de noviembre de 2009, y la misma se puede bajar de la propia “Biblioteca web” de la Secretaría de Ambiente del Gobierno de Mendoza, quedando ratificado de esta manera dicho proyecto como una iniciativa ciudadana oficialmente "declarada de Interés Público Provincial", de acuerdo a lo establecido en los artículos 2 y 3 de la Ley Provincial 5961 (de protección, defensa, mejoramiento y conservación del ambiente), cuestión ratificada unos meses antes de esta presentación, con el ingreso a la Legislatura de una iniciativa popular en este sentido por parte de los propios Vecinos Autoconvocados de Uspallata (Expte legislativo 57586/2009-S)



Recordemos que, siendo oposición y minoría en la legislatura, los radicales pusieron la firma a la actualización del proyecto de ley de los Vecinos Autoconvocados de Uspallata: Expediente 65858/2014-D, y le dieron un renovado, aunque insuficiente impulso. Ahora que son gobierno y mayoría legislativa, nos dan la espalda y lo pisan; al igual que en la Municipalidad de Las Heras y su Concejo Deliberante, que evidentemente está respondiendo al interés de la megaminería, a pesar de que discursean diciendo que son "militantes del agua".
Recordemos también que a fines del año pasado, el Gobernador de Mendoza anunció públicamente que el proyecto de Ley de Creación del Área Natural Protegida Uspallata-Polvaredas es apoyado e impulsado por su gestión y que va a ser tratado por la Legislatura, Con lo cual, sería una burla al pueblo si el mismo no estuviera incluido en el PPOT; sobre todo, teniendo en cuenta que con este plan se pretende regular el uso del suelo de acá a 30 años y el proyecto del Área Protegida ya tiene más de 20 años durmiendo en la Legislatura de Mendoza. ¿O es que acaso el Gobierno de Mendoza y los legisladores quieren que lxs uspallatinxs y el resto de lxs mendocinxs esperemos medio siglo para tener completamente protegida toda Cuenca del Río Mendoza?



Las consignas del “Modelo Territorial Deseado” pueden resultar promisorias a primera vista, al respecto se extractan las siguientes frases del enunciado del mismo (pag. 29 del PPOT)

Se ha generado una política de Estado en cuanto a la implementación de estrategias para la preservación, conservación y el uso sustentable de los bienes naturales, promoviendo un modelo de desarrollo sustentable en lo económico, lo social, lo territorial y lo ambiental.



Se preserva y conserva la biodiversidad, mejorando la representatividad de los ecosistemas en las áreas naturales protegidas y asegurando su conectividad a través de corredores biológicos.



Se busca conservar la diversidad de los bienes y servicios del patrimonio natural y cultural de cada región, incluyendo su dimensión paisajística, garantizando y facilitando el acceso a todos los ciudadanos para su goce y disfrute.



Se aplican políticas para acordar participativamente las condiciones y los límites sociales, ecológicos y económicos del uso y disfrute de los bienes naturales y culturales, asegurando la preservación de los mismos para las futuras generaciones.


Sin embargo, el análisis del documento y su comparación con los antecedentes y diagnósticos publicados, deja en claro que dichas frases resultan consignas apócrifas, tal como se demostrará en el presente escrito.



Según el mapa del modelo territorial deseado (pag 33), el Gobierno de Mendoza no tiene previsto crear nuevas áreas naturales protegidas en los próximos 30 años, o sea, de acá al 2045.



No se considera la creación de nuevas áreas naturales protegidas, como directriz o lineamiento para “Mitigar el deterioro de las condiciones ambientales, los riesgos asociados a amenazas naturales y antrópicas y atender la adaptación al cambio climático. Conservar la biodiversidad y áreas naturales, patrimoniales, culturales y paisajísticas.” (Objetivo 4 del PPOT). En su lugar se plantean figuras no incluidas en la Ley 6045, como los “Corredores Biológicos” que al día de hoy no están definidos legalmente, ni siquiera a nivel nacional.



No se considera la preservación y/o protección de las fuentes de agua o cabeceras de cuenca como directriz o lineamiento para “Impulsar la gestión integrada del recurso hídrico como elemento estratégico para el ordenamiento territorial, propendiendo a la preservación del recurso, la eficiencia de su uso y la garantía de su acceso para el consumo humano y las actividades productivas” (Objetivo 7 del PPOT). En este caso, tampoco hay planteo de acciones alternativas.



Sin embargo, en el subprograma “conservación de la Biodiversidad” la creación de nuevas áreas naturales protegidas es puesta como una “posibilidad” (pag. 59). No obstante ello, no se especifican plazos, metodologías ni territorios involucrados, así como tampoco la posibilidad de contar con una estrategia provincial de conservación de la biodiversidad. A pesar de que el Ordenamiento Territorial es una cuestión básicamente ambiental, tanto desde el punto de vista técnico como legal; la protección del ambiente no pasa del enunciado dentro del PPOT, sin establecerse ningún tipo de acción firme y categórica en el territorio en pos de este objetivo. El mapa de “Modelo Territorial Deseado” al año 2045 con las mismas ANP que las actuales, sin otras nuevas proyectadas, evidentemente contradice la mencionada “posibilidad” y la relativización de la misma; contradiciendo el “Principio de Progresividad” de la Política Ambiental, establecido en el artículo 4º de la Ley Nacional 25675 y las metas a futuro de las Conferencia de las Partes (COP) del Convenio Internacional de Biodiversidad, al que la República Argentina adhiere mediante Ley Nacioal 24375.



Los dos párrafos anteriores que aluden a los Objetivos 4 y 7 del PPOT evidencian que en estos puntos, el documento elevado a la Legislatura no se ajusta a lo que dice al respecto la ley 8051: “Los planes respectivos deberán garantizar la preservación de la red de áreas naturales protegidas de la Provincia y contemplar la protección del agua en todos sus estados y sitios, en especial, cuando formen parte de la cuenca activa que abastecen al sistema hídrico provincial” (Art 14º, párrafo 15º). Sin Área Protegida en Uspallata, la cuenca activa del Río Mendoza continuará desprotegida, como hasta ahora.



En este sentido, también queda demostrado que no hay un correlato entre el PPOT y los planes anteriores del Gobierno de Mendoza: En el Plan de Gestión Ambiental (elaborado en 2008) y el Plan Estratégico de Desarrollo 2030 (elaborado en 2010), está incluida la posibilidad de creación de nuevas Áreas Naturales Protegidas así como enunciados los proyectos, entre las cuales, claro está, figura el proyecto del ANP Uspallata-Polvaredas. Los primeros borradores del PPOT también incluían esta proyección. Sin embargo, en la versión final que el Poder Ejecutivo envía a la Legislatura, no está planteado cuáles son para el gobierno las áreas de interés para la conservación de la naturaleza, así como tampoco está reflejada la existencia de proyectos de creación de nuevas áreas naturales protegidas. Tampoco hay un correlato entre el PPOT y los diagnósticos situacionales elaborados previamente (diagnósticosrealizados oportunamente por el Equipo Consultor PID 08/09 - UniversidadNacional de Cuyo, CONICET, ANPCyT que se citan como “Anexo III” en la propia versión final del PPOT), que de acuerdo a lo que dice la ley 8051, deberían ser empleados como insumos para la elaboración del PPOT. Para contextualizar esto, volvemos al ejemplo de las Áreas Naturales Protegidas proyectadas, omitidas en el PPOT: en el documento “Modelo territorial actual, subsistema físico-biológico o natural de la Provincia de Mendoza”, pag 153, se reconoce que “Se identifican en la provincia ecosistemas de gran interés para la conservación que aún no han sido incorporados a la red de ANP”. Desde ya, la identificación de dichos ecosistemas no está plasmada en el PPOT, a pesar de las enormes implicancias territoriales que tal identificación (y la puesta en práctica de su conservación) representa para el futuro de la Provincia de Mendoza.



El Gobierno de Mendoza (y en especial los funcionarios de la Secretaría de Ambiente) no ha dado ninguna explicación de por qué ha excluido las áreas naturales protegidas proyectadas del documento definitivo del PPOT, siendo que figuraban en TODOS los antecedentes de documentos y diagnósticos previos, e incluso en los primeros borradores del propio plan que el propio Gobierno de Mendoza puso en circulación. O sea, las preguntas a responder por parte de los responsables del PPOT, serían las siguientes: ¿cuál es la fundamentación técnica para haber dicho con anterioridad que esas áreas eran de interés para la conservación de la naturaleza y ahora no lo son? ¿Por qué razón ambiental o biológica dejaron de serlo? Es una respuesta que le deben a la ciudadanía, no sólo los funcionarios, sino también los técnicos que elaboraron el documento, teniendo en cuenta además que esta omisión también contradice al ya mencionado “Principio de Progresividad” de la Política Ambiental.

Este es el mapa de las Áreas de conservación dela naturaleza actuales y proyectadas de la provincia de Mendoza, realizado por la Agencia de Ordenamiento Territorial (encargada de confeccionar el PPOT), estaba en los primeros borradores del PPOT. Allí se observa que, al menos en forma parcial, es tomado el proyecto del Área Natural PRotegida Uspallata Polvaredas, junto con otras áreas proyectadas, como la del Cerro Nevado y el Sistema Pehuenche. Estas áreas proyectadas también figuraban en todos los antecedentes del PPOT, como ser el Plan de Gestión Ambiental de 2008, el Plan Estratécgco de Desarrollo PED 2030, de 2011 y los diagnósticos situacionales previos al PPOT que son citados como anexos del mismo. Misteriosamente, el documento final no las contiene, desconociendo el motivo por el cual el Gobierno de Mendoza las ha excluido, tanto funcionarios como técnicos de Ambiente no dieron ninguna explicación al respecto.


La megaminería y la protección de las fuentes de agua en el PPOT



La mención de la megaminería (minería metalífera hidrotóxica de gran escala) es bastante vaga, concretamente como tal, y esto evidencia el dato concreto de la falta de licencia social de la misma, debido fundamentalmente al rechazo que la megaminería genera en el Pueblo de Mendoza, por todas las implicancias negativas de tipo ambientales, sociales y económica que esta actividad genera en aquellos sitios donde ya ha sido implementada. No obstante, de manera solapada se insisten en las supuestas condiciones de contexto para dar cabida a la misma: conceptos como “diversificación económico” o “dualismo productivo”, que ya fueron ambpliamente refutado en las anteriores impugnaciones a las versiones previas del PPOT, son vueltos a repetir en el documento definitivo. No obstante ello, hay un acuse de recibo de tal rechazo social, que se ve plasmado en algunas de las consignas del PPOT, tal como se describe en los párrafos siguientes.



En las “Bases para la definición del Plan de Gestión de Riesgos para la Provincia de Mendoza” se establece que se prohibirá “el desarrollo de proyectos en áreas de alto riesgo comprobado” (pag. 57). Sin embargo, la Ley Nacional 25675, art 4°, párrafo 4°, establece que “Cuando haya peligro de daño grave o irreversible la ausencia de información o certeza científica no deberá utilizarse como razón para postergar la adopción de medidas eficaces, en función de los costos, para impedir la degradación del medio ambiente”. Consecuentemente, en base a los presupuestos mínimos ambientales vigentes en todo el territorio de la Nación Argentina, no se debe demostrar el “riesgo comprobado”, sino que basta con la sospecha del mismo, para la toma de decisiones en pos de la protección del ambiente; con lo cual, lo que se debe prohibir es todo aquel proyecto que cuya instancia de Evaluación de Impacto Ambiental no pueda acreditar fehacientemente y con una demostración científicamente comprobable, la ausencia total de riesgos para el ecosistema o alguno de sus componentes bióticos o abióticos (por ejemplo, las explotaciones megamineras, cuyos impulsores al día de hoy no pueden demostrar fáctica y empíricamente que no va a contaminar en todo o en parte, el sistema hidrológico superficial y/o subterráneo de las cuencas de los ríos que nacen en la cordillera).



En la pag. 59 se especifica (con destacado en negrita similar al texto original) que “En el caso específico de la actividad minera se deberá considerar en el marco de la Ley Prov. Nº 7722 y Ley Prov. Nº 5961 y decreto 820/06, las siguientes dimensiones: “favorabilidad geológica” (es decir existencia de rocas de diferentes edades), vulnerabilidad hidrogeológica, accesibilidad a redes energéticas u otras obras complementarias o nexos; ponderadas conjuntamente con la consideración de incompatibilidades de usos (zonas de reservorios de agua, singularidad paisajística, fragilidad del sistema por contaminación del recurso hídrico, áreas de reservas naturales o áreas sujetas a la Ley de Glaciares y Ambientes Periglaciares, otras)”. Esta pauta suena “políticamente correcta” en sintonía con los reclamos de las Asambleas Mendocinas por el agua pura y anularía automáticamente la mayoría de los proyectos megamineros promovidos por el lobbyng sectorial en Mendoza, por ejemplo, los 20 proyectos enunciados por la CAMEM en 2014. Sin embargo, en todo el plan no hay un solo proyecto, programa o acción establecido para llevar a cabo esta premisa, partiendo de que en los hechos concretos, hoy el Catastro Minero de Mendoza no cumple con estas pautas. Tampoco se determina cómo se van a medir y ponderar los factores enumerados como de incompatibilidad de usos con la actividad minera. Se debe recordar que tanto en Uspallata como en el resto de la zona montañosa de Mendoza, existen concesiones mineras en zonas donde legalmente esta actividad está terminantemente prohibida por ley (que en general son coincidentes con las “Áreas sujetas a regímenes especiales”, según la Ley Provincial 8051): Áreas Naturales Protegidas y Áreas Glaciares y Periglaciares. Así mismo, también existen numerosas concesiones mineras vigentes en sitios que pueden ser considerados como “áreas de vulnerabilidad hidrológica, singularidad paisajística y fragilidad del sistema por contaminación del recurso hídrico”. Las mismas consideraciones van para la actividad petrolera, especificada en el párrafo posterior del documento del PPOT, a pesar de que la misma no está comprendida dentro de los alcances de la Ley Provincial 7722, si está incluida en la mencionada legislación ambiental específica que la prohíbe.



La gestión de tierras secas no irrigadas (pag 60) no contempla acciones concretas para su preservación. Se advierte que solapadamente, pretende hacerse ver que tales territorios están a disposició de actividades extractivas de alto impacto, como la megaminería y el fracking, así como los negocios inmobiliarios



En varias partes del territorio provincial (como por ejemplo Uspallata), difícilmente se pueda proyectar la “generación de certificación de origen territorial” como parte del “Desarrollo e innovación productiva” (pag 63), sin contar con un instrumento legal de preservación del territorio donde se localizan las fuentes de agua. En Uspallata hace 20 años que reclamamos la sanción de la Ley de Creación del Área Natural Protegida Uspallata-Polvaredas, entre otros fundamentos, para que la producción local pueda certificar “denominación de origen protegido” que no es otra cosa que un ejemplo de instrumento de certificación de origen territorial, planteado en el PPOT. Los hechos concretos, además, han demostrado que sin una herramienta legal que asegure la protección del ambiente (como el mencionado proyecto de ley), la certificación de origen protegido es imposible de conseguir, por más que en el caso de Uspallata hay incluso una ley declaratoria de la misma: Ley provincial 6146, la que al día de la fecha, resulta inaplicable, por las mismas razones.



Se plantea la “Gestión integrada del recurso hídrico y el territorio” (pag 64) sin hacer la más mínima mención a la protección de las fuentes de agua y/o cabeceras de cuenca. En el caso de Uspallata y el Oasis Norte, más de la mitad de la cuenca activa del Río Mendoza está desprotegida, a diferencia de la cuencas del ríos Tunuyán, cuya superficie activa se encuentra totalmente comprendida dentro de ANPs legalmente constituidas, y las de los ríos Diamante y Atuel, que presentan sus principales fuentes dentro de este status legal de protección ambiental. La sanción del proyecto de ley de creación del Área Natural Protegida Uspallata-Polvaredas terminaría con esta inequidad territorial, equiparando los estándares de calidad ambiental del agua de regadío en sus fuentes origen para todos los oasis productivos de la provincia. Esto debería verse reflejado en el PPOT.


El documento del PPOT fue sufriendo diversas modificaciones: estas son dos versiones del "Mapa de Modelo Territorial Deseado", el de la izquierda corresponde a la versión de 2014 y el de la derecha a la versión de 2017. De todos los cambios observados, destacamos que en la versión 2014 figura el proyecto de creación del ANP Uspallata -Polvaredas y en el de 2017 no. Se desconoce cuál es el criterio para realizar estas modificaciones y cómo es que de un día para el otro y a puertas cerradas se deciden este tipo de cambios sin consultar a la población y sin dar fundamentos técnicos. Desde ya, en ninguna de las versiones se plantea modificar el vetusto mapa político de Mendoza.


Consideración de Uspallata como “centro de servicios rurales”



En el PPOT se utiliza un criterio de clasificación de los centros urbanos de Mendoza, que no se ajusta a la realidad, sumado que los datos consignados como población en 2010, al menos en lo que respecta a Uspallata, son erróneos.



De acuerdo a este criterio, Uspallata es considerado un “centro de servicios rurales”, según el mapa de la pag. 98 del documento “Anexos del PPOT”. En el mismo documento, el cuadro de “Ponderación final de todas las variables para redefinir la importancia de los nodos” pone a Uspallata con una población de 3.810 habitantes para 2010 (pag 115 de los Anexos), dato que no concuerda con los del Censo 2010, que para esa localidad era de 9.654 habitantes.



Desde ya, la realidad concreta sobre lo que es Uspallata en la actualidad, dista mucho de la caracterización de “centro de servicios rurales” que hace el PPOT de esta localidad. En honor a la brevedad, no se va a enumerar e el presente escrito la cantidad de funciones que cumple la localidad de Uspallata como centro urbano, ya que además son hechos públicos y notorios para la generalidad de la población. Pero, lamentablemente, esta caracterización errónea de Uspallata, la deja completamente relegada dentro del PPOT, ya que no tiene ningún tipo de rol preponderante en el modelo territorial deseado. Además, teniendo en cuenta que según las directrices del PPOT, la obra pública y la prestación de servicios se distribuirá según las categorías de este modelo territorial deseado, ya de antemano se está relegando a Uspallata de estas cuestiones.



Este dato también pone en tela de juicio el rol de los técnicos en la elaboración del documento final del PPOT y de los modelos empleados para la caracterización de los diferentes parámetros utilizados para el ordenamiento territorial. Desde ya, el resultado evidencia que hay un desconocimiento absoluto del territorio sobre el cual están trabajando. En el caso de Uspallata esto quedó evidenciado en las exposiciones que dieron algunos de estos técnicos en un taller en setiembre de 2016, cuando daban datos erróneos que eran corregidos por los pobladores locales que asistieron y que aún así, los presentadores seguían refutando y sosteniendo. Por ejemplo, en más de una oportunidad los técnicos insistieron que las tierras que rodean el oasis rural de Uspallata son de propiedad del Ejército Argentino, cuando en realidad, de acuerdo a la Escritura traslativa e dominio asentada en el Registro Nacional de la Propiedad, pertenece al Estado Nacional Argentino; y de acuerdo a la legislación vigente sobre bienes del Estado, su administrador es la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE). Por ende, el Ejército Argentino no es ni dueño ni administrador, es tan sólo custodio de ese bien que pertenece a todxs lxs argentinxs. Lamentable el papel, no sólo de los funcionarios de ambiente, sino también de estos técnicos, que desde ya, queda evidenciado en el texto del PPOT.



El proyecto de autonomía municipal para Alta Montaña en el PPOT



En ningún punto del PPOT está planteado la creación de nuevos municipios, a pesar de que también es un hecho concreto que viene siendo reclamado por sectores de la población comprendidos por centros urbanos desatendidos por sus cabeceras municipales, como ser Palmira (San Martín), Bowen (General Alvear) y Uspallata (Las Heras). Esta cuestión también tiene fuertes implicancias territoriales, ya que la creación de nuevos municipios ni más ni menos que modificaría la división política del mapa de la Provincia de Mendoza. Sin embargo, es un tema que brilla por su ausencia en el PPOT.



El mapa de “Modelo Territorial Deseado” de acá a 2045 plantea la misma división política de Mendoza que la actual, por lo tanto, para el Gobierno de Mendoza, no está en tela de discusión el modelo municipal actual



En el caso de Uspallata, conviene recordar que la autonomía municipal es un tema que fue prometido por el Gobernador Alfredo Cornejo en campaña electoral, planteado como proyecto de ley por el legislador Héctor Quevedo (el mismo que le puso la firma a la última versión del proyecto del Área Natural Protegida Uspallata-Polvaredas).



Más allá que los datos demográficos de Uspallata plasmados en el PPOT son erróneos, conviene recordar que las estimaciones más moderadas dan para villa y el resto de los asentamientos del distrito, una población que como mínimo ronda los 11.000 habitantes y como máximo puede llegar a 15.000.



Tan sólo el padrón electoral de Uspallata tiene una cantidad similar de votantes a los 3.810 que el PPOT le otorga a esa localidad como población total, recordando además que debido a las dificultades para acceder a las instancias administrativas del estado y al alto porcentaje de población flotante o recientemente establecida en el lugar, una gran parte de los habitantes de Uspallata, no tienen asentado el domicilio local en sus DNI.



La cantidad de habitantes estimadas para Uspallata en la actualidad, supera a la población completa del Departamento La Paz. Además, la villa de Uspallata tiene más habitantes que las villas cabeceras de los departamentos de Lavalle, San Carlos, Junín y Santa Rosa. Esto, sumado al hecho de que Uspallata se halla a 150 kilómetros de la cabecera departamental de Las Heras y que para llegar a ella, hay que cruzar otros 3 departamentos (cosa que deben realizar sus habitantes para efectuar cualquier tipo de trámite administrativo), justifica por sí solo la creación de un municipio en Uspallata o la Alta Montaña. Además conviene recordar que prácticamente no existe en toda la República Argentina asentamientos urbanos con más de 10.000 habitantes que no tengan su propia Municipalidad y Concejo Deliberante, y desde ya, que no puedan elegir a sus propias autoridades.

Recordemos que la negación a la autonomía de Uspallata y la alta montaña, constituye un acto discriminatorio, ya que se priva a la comunidad local del ejercicio de la democracia, que constituye la eleccion de sus propias autoridades: actualmente las únicas que tienen asiento en la localidad son los delegados municipales, que son elegidos a dedo por el intendente de Las Heras. También representa una discriminación a nivel económico, ya que la Alta Montaña tiene un alto índice recaudatorio en tasas nacionales, municipales y provinciales, devenido de la actividad del turismo y el transporte en el Corredor Andino (recordemos: tres millones de vehículos por año circulando en ambas direcciones y con sus pasajeros haciendo uso de los servicios en algún punto del corredor). Toda esta recaudación, de la que actualmente no se tienen datos, pero se calcula que puede ser millonaria, termina fuera de Uspallata y no vuelve de ninguna manera en obras o medios económicos, tanto en la villa, como en el resto de las localidades y/o la ruta, que, reiteramos, tiene el mismo trazado y dimensiones que hace 40 años.
Recordemos que el Presupuesto 2017 de la Municipalidad de Las Heras, aprobado por el Concejo Deliberante, es de 1.300 millones de pesos, lo que representa $ 6.687 por habitante. Esto quiere decir que si consideramos una población actual estimada en 12.000 habitantes para Uspallata, en proporción, deberían corresponder un total de 77 millones de pesos anuales para Uspallata, dinero que desde ya, no se ve de ninguna manera reflejado en obras o ayuda para la población de Uspallata. Este tipo de inequidades territoriales tampoco es abordado en el PPOT.

Otras omisiones del PPOT que involucran a Uspallata:

El Ferrocarril Transandino no es mencionado en ninguna parte del PPOT, ni en la parte de infraestructura, tranporte, bienes del estado o patrimonio. Con esta omisión se da por entendido que el Gobierno de Mendoza no tiene intenciones de reactivarlo de acá al 2045.

En ninguna parte del documento se habla de refuncionalizar el Corredor Andino (Ruta Nacional Nº 7), recordando que esta vía fue re-diseñada por última vez en 1977 (hace 40 años!) en el tramo entre Potrerillos y Punta de Vacas, y en 1986 (hace 31 años) entre Punta de Vacas y Las Cuevas, desde etonces tiene el mismo trazado y dimendsiones, con la pequeña difeencia que actualmente el flujo vehicular y de cargas por esta vía es 100 veces mayor que hace 40 años atrás... No hay ninguna mención que haga referencia a las continuas muertes por accidentes de tránsito en la misma, que suman más de 100 por año, con lo cual, mueren más personas intentando cruzar a Chile actualmente que en la época de la campaña libartadora, hace 200 añoso en la época colonial el doble de tiempo atrás... Tampoco hay  referencia de ningún tipo con respecto al transporte de sustancias tóxicas o peligrosas por esta ruta, ni los protocolos a seguir en caso de accidentes, especialmente de aquellos que tengan como consecuencia el vertido de estas sustancias al Río Mendoza, del cual vivien más de 1 millón de personas, se riegan más de 200.000 hectareas y se abastecen alrededor de 9.000 industrias... Tampoco hay referencia a las incompatibilidades existentes entre los usos actuales de esta ruta, como vía turística y vía de tranporte (en ambos casos, la principal de la Provincia de Mendoza, con una estimación de 3 millones de vehículos de todo tipo que circulan por año en ambas direcciones).

En ninguna parte del documento se refiere a la Ruta Sanmartiniana y su importancia patrimonial, así como la puesta en valor de la misma para conformar un atractivo turístico de la jerarquía internacional que representa para la historia de la liberación del continente.
Tampoco se refiere al Qhapaq Ñan (Camino Pirncipal Andino o Camino del Inca), siendo que es el único sitio de la Provincia de Mendoza que presenta un satus internacional de conservación, ya que fue declarado Patrimonio Cultural de la Humanidad, por la UNESCO. Actualmente todos los sitios y tramos que involucran a este hito trascendental están descuidados y sin el la más m´çinima acción de puesta en valor por parte de las autoridades responsables, perdiéndose irremediablemente un atractivo de jerarquía internacional, por la desidia y la inacción de los responsables de su gestión y por la falta de herramientas efectivas de portección (como podría ser en este caso también el Área Natural Protegida Uspallata-Polvaredas). Esta inacción representa para la Provincia de Mendoza una millonaria pérdida en recursos económicos que podrían ingresar tanto al Estado como a las comunidades locales, en otras provincias y países por donde pasa el Qhapaq Ñan.

No se aborda el tema del turismo con la importancia y el rigor técnico que se requiere, fundamentalmente la problemática de re-convertir a Uspallata de zona de paso a zona de estadía, acá también hay una deliberada omisión de los responsables estatales de impulsar la actividad (tanto a nivel provincial como municipal) en no involucrarse en el proyecto del Área Protegida.

Otro tema fundamental que también es omitido es la "electrodependencia", ya que Uspallata no cuenta con gas natural y el gas envasado es más caro que en el resto de la provincia. Por este motivo, la población utiliza como medio de calefacción la corriente eléctrica. Tampoco hay ningún tipo de plan, programa o proyecto para aprovechar el recurso forestal y al mismo tiempo incentivar el desarrollo de esta actividad. Hasta hace una década, Uspallata se abastecía exclusivamente de generadores, luego se conectó a la central del dique Potrerillos, por una línea de media tenión, que en las épocas de mayor demanda (invierno), no da a basto, coincidentemente con la época de mayor rigor climático. Esta situación se agrava con el alto costo de la energía para los usuarios locales. Esa situación tiene un alto impacto territorial, ya que condiciona el desarrollo de microemprendimientos, quedando sólo favorecidas las grandes inversiones foráneas, en detrimento de los micro-emprendedores locales.

La mala planificación urbanística de Uspallata no es abordada en el plan, con temas como el nudo vial, el amanzanado, el trazado de las calles y la distribución de usos, tanto en la zona urbana, la rural bajo riego y el secano que lo rodea. Llama la atención esto, teniendo en cuenta que en los Anexos del PPOT figuran los mapas de 24 localidades de la Provincia de Mendoza, de las cuales la mitad son más chicas en cantidad de habitantes que Uspallata. Conviene recordar además que recientemente el Concejo Deliberante de Las Heras sancionó una Ordenanza de "Zonificación" de Uspallata, en la que pretendió esbozar, también a puertas cerradas y de manera imprecisa y confusa, un intento de ordenamiento territorial de la zona, desde ya, omitiendo el concenso y/o la licencia social para llevarlo adelante. Desde ya, esta zonificación, aprobda a las apuradas por el municipio, es rechazada por los vecinos, por no contar con validación social.



En síntesis, Uspallata prácticamente no existe en el PPOT



Están queriendo aprobar a las apuradas, un nuevo documento del PPOT con el que se pretende regular el uso del suelo de toda la Provincia de Mendoza de acá a 30 años, el cual es desconocido e inaccesible para la mayoría de la población, sin cumplir con las instancias obligatorias de Consulta Pública y Audiencia Pública y omitiendo todos los reclamos oportunamente efectuados por las organizaciones sociales de Mendoza y también los de la población de Uspallata. Así de negligentes y impresentables son los funcionarios de ambiente del Gobierno de Mendoza.
 

30/12/16

VERGONZOSO: EL PROYECTO DE LEY DE CREACIÓN DEL ÁREA NATURAL PROTEGIDA USPALLATA-POLVAREDAS SIGUE PISADO


Parece increíble: a más de 20 años de ser formulado por primera vez, dentro del seno de la Administración Pública Provincial; el proyecto de Ley de Creación del Área Natural Protegida Uspallata-Polvaredas, sigue siendo pisado, trabado, postergado, cajoneado y/o ninguneado por absolutamente todos los actores públicos y privados con poder de desición y/o influencia en la toma de decisiones: el Gobierno de Mendoza, la Legislatura Provincial, la Municipalidad de Las Heras, el Concejo Deliberante y el lobbyng corporativo de la megaminería, que evidentemente ejerce una gran influencia en todos los estamentos estaduales mencionados.

Según un croquis a mano alzada que anda circulando por Uspallata, el Gobierno de Mendoza, tan sólo estaría dispuesto a proteger un 10% (40.000 hectáreas) de la superficie total del proyecto del Área Natural Protegida Uspallata-Polvaredas (400.000 hectáreas), al cual los propios radicales le pusieron la firma cuando eran oposición. El área sombreada con rojo claro sería la propuesta del gobierno. Su delimitación contraría lo postulado por la Ley Provincial 6045, ya que no respeta el principio de cuencas para delimitar reservas con valores hídricos de conervación. Habría que ver cuál es el argumento para que el otro 90% no sea protegido. Sería deseable conocerlo, si es que lo tiene, y que tal argumento tenga el mismo rigor legal, jurídico, técnico, biológico, hidrológico y ambiental, que tiene el proyecto de los Vecinos Autoconvocados de Uspallata. Cabe agregar que esta delimitación reduccionista del croquis no es casual: de las 317 concesiones mineras que existen actualmente en el área involucrada en el proyecto de los vecinos, tan sólo hay 2 dentro del sector delimitado en el croquis, que al día de la fecha tienen potencial de caducidad.


Todo indicaría que la palabra del Gobernador Cornejo no tiene ningún tipo de valor.

En una reciente visita a Uspallata, el 12 de diciembre de 2016, para realizar anuncios políticos, el Gobernador de Mendoza, Alfredo Cornejo, había dicho públicamente, ante una pregunta en conferencia de prensa, que su gobierno "apoya e impulsa" (sic.) la creación del Área Natural Protegida Uspallata-Polvaredas, y que el proyecto de ley de su creación, presentado por los Vecinos Autoconvocados de Uspallata "tendrá tratamiento legislativo"

 
Sin embargo, cuando los propios vecinos empezaron a averiguar e indagar al respecto, descubrieron que en realidad el Gobierno de Mendoza no sólo no tiene interés en impulsar el proyecto de los vecinos, sino que tampoco quiere hacerlo, buscando todo tipo de excusas infundadas para evitar por todos los medios tomar la desición histórica de proteger TODA la cuenca del Río Mendoza.

Una verdadera vergüenza: Acorde a los tiempos sociopolíticos que corren, la Secretaría de Ambiente del Gobierno de Mendoza, está más preocupada por las relaciones institucionales del gobierno con militares que por proteger el ambiente y el agua de todxs lxs mendocinxs...

Una de las excusas que permanentemente ponen los funcionarios y legisladores para no sancionar la ley del Área Protegida en Uspallata es que las tierras pertenecen al Ejército Argentino y que esta institución no quiere el área protegida en su territorio.
En diversas oportunidades a lo largo del 2016, funcionarios y técnicos de la Secretaría de Ambiente han ido a Uspallata a exponer sobre diversas temátyicas y cuando los vecinos le consultaron por su proyecto del área protegida, han recibido la misma respuesta: que no se puede porque las tierras son del Ejército.
Al respecto, conviene recordar que el Ejército Argentino NO ES EL DUEÑO de las tierras fiscales que rodean a Uspallata, sino que el propietario (según la escritura de dominio obrante en el Registro Nacional de la Propiedad, ver copia) es el Estado Nacional Argentino y su administrador (según la legislación vigente en la materia) es la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE), siendo el Ejército Argentino tan sólo su "custodio", no su dueño ni su administrador y menos que menos, quien tenga la facultad unívoca de decidir qué se haga en relación a los intereses generales de la población. Con esto se queire dejar en claro que la desición de crear un área protegida en las tierras fiscales que rodean a Uspallata (pertenecientes a todxs lxs argentinxs) no debería quedar en manos del Ejército, bajo ningún punto de vista, ya que esta institución no tiene ningún tipo de injerencia, conocimiento o atribución en materia de protección ambiental y tampoco es el peopietario del lugar. Si las autoridades provinciales tuvieran la voluntad política de llevar adelante este proyecto, deberían canalizar el diálogo político directamente con la Presidencia de la Nación o en su defecto con la AABE, con la única salvedad de que las relaciones institucionales del Gobierno de Mendoza no competen a la Secretaría de Ambiente, sino al Ministerio de Gobierno. Lo mismo cabe para el caso de crear un Parque Nacional.
De todos modos, conviene recordar que, en base a la legislación y la jurisprudencia vigente, no hay que pedirle permiso a ningún estamento del Estado Nacional para crear un Área Natural Protegida de jurisdicción provincial, dentro del territorio de la Provincia de Mendoza. En ninguna de las tramitaciones que dieron origen a las leyes que crearon y/o ampliaron las 19 áreas protegidas provinciales actualmente existentes en Mendoza se procedió de tal manera y no existe ningún fundamento técnico, legal o jurídico para proceder así en este caso.
Es más, cuando el propio Ejército Argetino pretendió anular por vía judicial las áreas naturales protegidas creadas por leyes de la Legislatura de Mendoza, en tierras del Estado Nacional Argentino bajo su custodia (Parques Provinciales Aconcagua, Tupungato y Cordón del Plata, Reservas Provnciales Laguna del Diamante y Portillo-Piuquenes), por supuesta vulneración de "derechos adquiridos" y superposición de injerencias; los abogados de Asesoría de Gobierno de Mendoza dictainaron que en todos los casos se debe aplicar el principo legal de "facultades concurrentes" (amplios antecedentes jurídicos a nivel mundial). Queda claro entonces que no existie ningún supuesto "derecho adquirido" de carácter absoluto, ya que la jurisprudencia (por ejemplo: causa Oikos contra Gobierno de Mendoza e YPF por la concesión petrolera en la Lagna Llancanelo) determina que los mencionados "derechos adquiridos" no pueden ser puestos por encima del interés general, de índole superior, que representa la protección del ambiente; y que la supuesta superposición de injerencias es falsa (por aplicación de la "Doctrina de los Actos Propios" del derecho), ya que en varias oportunidades el propio Ejército Argentino y los organismos superiores del Estado Nacional, han podido acordar con el Gobierno de Mendoza y/o sus dependencias administrativas, mediante diversas maneras y procedimientos, el manejo de tales áreas.

Conviene recordar, además, que el Ejército Argentino no ha resultado ser un buen custodio del patrimonio natural y cultural existente en las tierras que precisamente están bajo su custodia:
  • Sitios arqueológicos emblemáticos localizados en estas tierras, como el Cerro Tunduqueral y el Qhapaq Ñan, han sido depredados, no sólo por terceros, sino por acciones relizadas en la zona por el propio Ejército Argentino, como ser construcción de polígonos de tiro, detonaciones y tiro al blanco con proyectiles de alto poder destructivo.
  • Las maniobras militares realizadas por el Ejército Argentino en las tierras fiscales que rodean a Uspallata, que incluyen el tranporte e ingreso de sustancias contaminantes y peligrosas para la salud humana y la seguridad de las personas, así como su deposición y detonación en el medio natural, no cuentan con ningún tipo de control y/o autorización de parte de las autoridades provinciales de aplicación en materia de protección ambiental, al menos en el marco de lo que establece la Ley General del Ambiente (Ley Nacional 25675), así como su normativa complementaria local (Ley Provincal 5961, Decreto Provincial 2109/94 y nornativa posterior), que incluyen la obligación por parte del Gobierno Provincial, de exigir al Ejército Argentino, el correspondiente Estudio de Impacto Ambiental, incluyendo las obligatorias instacias de Consulta Pública de los expediente involucrados por parte de la ciudadanía y la Audiencia Pública (presupuestos mínimos ambientales vigentes y de cumplimiento obligatorio en todo el territorio de la Nación Argentina, según la mencionada legislación), instancias éstas que que hasta el momento ni el Ejército Argentino ha iniciado por motus propio, ni el Gobierno Provincial lo ha emplazado a hacerlo.
  • Al respecto, la excusa pública formulada por funcionarios del Gobierno de Mendoza, de que "las tierras del Estado Nacional Argentino en territorio provincial son de jurisdicción y dominio del Estado Nacional", es FALSA, ya que tanto la propia Dirección Provincial de Catastro, así como el Instituto Geográfico Nacional, reconocen que dichas tierras son parte integrante del territorio de la Provincia de Mendoza; con lo cual (más allá de la titularidad del Estado Nacional Argentino), dicha porción del territorio es entéramente de jurisdicción provincial, por ende, el Gobierno de Mendoza debería estar velando, no sólo por su protección ambiental bajo todas las formas posibles (incluyendo la creación del Área Protegida), sino por la aplicación de toda la normativa ambiental vigente en dichas extensiones ante cualquier acción (por ejemplo, simulacro de guerra con uso de artiller{ia y armas de fuego) que pueda afectar el patrimonio natural y cultural existente en ellas.
  • El propio Ejército Argentino se jacta de que las tierras de Uspallata sean una suerte de "zona de sacrificio", de acuerdo a las declaraciones públicas realizadas en diversas oportunidades (en reuniones con actores locales o en medios de esa localidad), por el Jefe del Grupo de Artillería de Montaña 8, Teniente Coronel Martín Re.
  • Las instancias locales del Ejército Argentino con asiento en Uspallata, no permiten en las tierras fiscales (pertenecientes a todxs lxs argentinxs) el desarrollo de actividades amigables con el ambiente, como por ejemplo turismo en contacto con la naturaleza. Sin embargo, el propio Ejército, no ha formulado ningún tipo de reserva ni objeción con respecto a la usurpación sobre el territorio bajo su custodia, ejercida de hecho por la empresa Minera del Oeste y sus titulares (familia Capredone) en la zona de las Minas de Paramillos, con el agravante de que ese sitio también está protegido por ser Patrimonio Histórico. Recordemos que Capredone y su empresa son titulares de numerosas concesiones mineras, pero no son de ninguna manera dueños de la tierra. En varias publicaciones del Boletín Oficial de Mendoza que alude a tales concesiones mineras, se puede leer el siguiente párrafo: "Dirección Provincial de Catastro informa que el predio donde se ubican los pedimientos solicitados forma parte de la propiedad del Estado Nacional Argentino". Con esta cita específicamente extractada de un documento público oficial, queda claro que no debería haber ningún tipo de dudas que los Capredone son usurpadores de dichas tierras fiscales, excediéndose de las atribuciones que les cabe por ser titulares de las concesiones mineras; y el Ejército Argentino no ha realizado ningún tipo de acción para expulsar a dichos intrusos de las tierras bajo su "custodia".
Hay que agregar, en este último caso, que la Secretaría de Ambiente del Gobierno de Mendoza no ha entablado ningún tipo de diálogo institucional con el Ejército Argentino para iniciar el proceso de Evaluación de Impacto Ambiental por las tareas que pretende realizar Minera del Oeste en las Minas de Paramillos, ubicadas en las tierras bajo su "custodia", mientras al mismo tiempo pone como excusa las supuestas malas relaciones con los militares para no llevar adelante la creación del Área Natural Protegida Uspallata-Polvaredas, que entre otras cosas, impediría ésta y otras explotaciones megaminerasen dichas tierras.
No es casual tampoco que el anuncio rimbombante de la reactivación de la Mina Paramillos se haga un día después de que los Vecinos Autoconvocados fueran peloteados en la Legislatura...
Más allá de todo lo anterior, también hay que tener en cuenta que, de acuerdo a las incumbencias de los diferentes organismos del gobierno provincial, no es la Secretaría de Ambiente la que debería estar preocupada por la relación institucional con los militares, sino el Ministerio de Gobierno. Al respecto, quien suscribe estuvo buscando algún documento oficial o al menos alguna declaración pública de algún funcionario de la actual gestión del Ministerio de Gobierno que haga referencia explícita a un supuesto diálogo entre el Gobierno de Mendoza y el Ejército Argentino; y no lo encontró. Con esto queremos demostrar, una vez más, que la excusa de las supuestas malas relaciones entre el Gobierno de Mendoza y el Ejército Argentino esgrimidas por los funcionarios de la Secretaría de Ambiente son falsas y no están respaldadas en absolutamente ningún documento oficial.
En síntesis, el Gobierno de Mendoza quiere pedirle permiso a los militares para crear un área natural protegida, pero no lo piensa hacer para autorizar a una megaminera que opera en las tierras bajo su custodia. Y por su parte, el Ejército Argentino no quiere que se proteja el ambiente ni que la población o los turistas gocen del mismo, pero aparentemente sí quiere que avance la megaminería. O sea, todas las intituciones del estado (tanto nacionales como provinciales) facilitando el extractivismo a las corporaciones transnacionales y bloqueando la posibilidad de proteger los bienes comunes para beneficio de la población local. En el medio de todo esto, hay todo tipo de excusas falsas e infundadas para no tomar la desición histórica de proteger TODA la cuenca del Río Mendoza.

La verdad de la milanesa: Más allá del discurso del Gobnernador, se constata que el proyecto del área protegida en Uspallata sigue cajoneado en la Legislatura y no hay una bajada de línea política para que se trate.

Cuando los Vecinos Autoconvocados de Uspallata y otras localidades de la provincia situadas dentro de la Cuenca del Río Mendoza, se movlilizaron a la Legislatura de Mendoza para exigir el tratamiento del proyecto de ley de creación del Área Natural Protegida, anunciado públicamente por el Gobernador Alfredo Cornejo, días atrás, en conferencia de prensa; se encontraron con otra realidad.
En la Legislatura de Mendoza, el expediente del proyecto de ley se encuentra cajoneado en la Comisión de Legislación y Asuntos Constitucionales de la Cámara de Diputados desde hace 2 años. Además de esto, está acumulado a otros expedientes de proyectos que no tienen nada que ver en cuanto a extensión de los territorios a proteger y objetivos de conservación. Esto obliga a especificar en cada reclamo que el área que quieren proteger los Vecinos Autoconvocados de Uspallata corresponde al texto original del expediente 65858/2014-D, que lleva la firma de los entonces diputados Tadeo García Zalazar y Héctor Quevedo. De no ser así, se corre el riesgo que cualquiera de los otros proyectos acumulados sean sancionados y en Uspallata, después de más de 20 años de trámitres y reclamos, tengamos que volver a empezar otra vez de cero.
Desde ya, en el medio está Minera San Jorge, que ya sabemos qué opina al respecto, pues el proyecto de los vecinos autoconvocados terminaría definitivamente con su plan devastador en Uspallata. La insistencia de quien suscribe con este tema, ha sido motivo de persecusión ideológica hacia mi persona, por parte de los representantes de esta corporación transnacional conformada por capitales rusos radicados en paraísos fiscales.

Recordemos un poco el largo derrotero del proyecto de ley:
  • En 1995 se formula en la Dirección de Recursos Naturales Renovables, en años posteriores este organismo efectúa estudios técnicos y recopilación de información para fundamentarlo.
  • En 2004 toma estado parlamentario, mediante Expediente 47787/2004-S, con la firma del entonces senador Enrique Vaquié (actualmente el "superministro" de Alfredo Cornejo).
  • En 2006 el proyecto pasa a formar parte de los Informes Ambientales que el Poder Ejecutivo Provincial envía a la legislatura (conforme a lo establecido en la Ley Provincial 6961), y del Plan Provincial de Educación Ambiental, con lo cual, a partir de ese momento pasa a tener formalmente aval del Gobierno de Mendoza.
  • En 2009 (y a pesar de lo anterior), ante la indefinición de la legislatura y el gobierno en ponerle firma a la creación del Área Natural Protegida en Uspallata, y ante el avance del proyecto megaminero San Jorge, los Vecinos Autoconvocados de Uspallata presentan de nuevo el proyecto de ley, mediante el ingreso de una nota con el texto del mismo, intentando avanzar mediante Iniciativa Popular, formalizada en el Expediente 57586/2009-S. Ese mismo año, los vecinos Autoconvocados de Uspallata, presentan el proyecto de ley ante el Consejo de Estado engargado de coordinar el Plan Provincial de Ordenamiento Territorial, segun la Ley Provincial 8051, sancionada en ese entonces.
  • En 2011 y ante las dificultades de que el proyecto camine como Iniciativa Popular, a pesar de las firmas y avales de apoyo conseguidos, se decide nuevamente buscar la firma de un legislador, en este caso se vuelve a presentar un nuevo proyecto de ley, mediante Expediente 61450/2011-S, con la firma del entonces senador Guillermo Amstutz. Tiempo después se descubre que el texto firmado por ese legislador no definía concretamente los límites del área protegida.
  • En 2014 se constata que todos los expedientes legislativos del proyecto del área protegida se encuentran "extraviados" desde hace al menos 3 años. Posteriormente se descubre que, en realidad esos expedientes fueron enviados a la Dirección de Recursos Naturales Renovables, sin registrar formalmente su salida de la Legislatura y que estaban cajoneados en el despacho del Director de ese organismo en ese entonces, Daniel Gómez.
  • Ante ello, los vecinos deciden presentar un nuevo proyecto de ley, en este caso consiguen la firma de los entonces diputados Tadeo García Zalazar (actualmente Intendente de Godoy Cruz) y Héctor Quevedo (actualmente quien comanda el raicalismo en Las Heras), mediante expediente 65858/2014-D.
  • Ese año y al año siguiente (2015) se realizaron dos audiencias públicas en la Legislatura de Mendoza, recibiendo el apoyo verbal de algunos legisladores radicales (además de los firmantes, Omar Sorroche, Edgar Rodríguez, etc.) y de concejales de las Heras (Gustavo Gil, Karina Ferraris).
  • Finalmente en 2016, como ya se dijo, el Gobernador de Mendoza anunció su impulso y tratamiento legislativo. No obstante ello, los legisladores radicales, que siendo oposición y ninoría en años anteriores prestaron la firma para el proyecto de ley, ahora, siendo oficialistas y mayoría, le dan la espalda con excusas de índole burocráticas.
Las últimas novedades del proyecto han sido las siguientes:
  • El 2 de diciembre de 2016, los Vecinos Autoconvocados de Uspallata presentaron el proyecto del área protegida en el marco del Taller de Legislación, Uso y Gobierno del Agua, organizado por la Vicegobernación de Mendoza.
  • En ese mismo momento, el legislador Guillermo Pereyra se comprometió de palabra a llevarlo al recinto legislativo, para que sea tratado sobre tablas en las últimas sesiones de diciembre de la Cámara de Diputados, cosa que finalmente no sucedió.
  • En días posteriores, ante consulta a algunos legisladores que eludieron cualquier tipo de respuestas, el Diputado Ricardo Mansur manifestó que ningún proyecto legislativo se trata en el recinto legislativo sin la explícita orden del Poder Ejecutivo y de su cabeza, el Gobernador Alfredo Cornejo.
  • El 12 de diciembre de 2016, fue a Uspallata el Gobernador Alfredo Cornejo, manifestando que el Gobierno de Mendoza "apoya e impulsa" el proyecto y que el mismo iba a tener tratamiento legislativo.
  • El 14 de diciembre de 2016 (y en conocimiento de las novedades anteriores), los Vecinos Autoconvocados de Uspallata y otros lugares de la provincia, se movilizaron a la Legislatura de Mendoza, para exigir el tratamiento del proyecto, tal como lo había anunciado el gobernador. Sin embargo, el diputado Albarracín, Presidente de la Comisión d Legislación y Asuntos Constitucionales, donde el proyecto está cajoneado, dijo desconocer el proyecto, que no había ninguna bajada de línea política del Poder Ejecutivo, que no podían tratarlos, pues tenían la agenta legislativa de temas prioritarios e importergables (más importantes? más urgentes? o qué) y que para tratar el proyecto era necesario pedir informes sectoriales.
Conviene recordar que tales informes sectoriales ya fueron pedidos en 2005 en base a las siguientes acutaciones, las cuales nunca fueron respondidas:
Expediente 50225/2005-S: Solicitando al Poder Ejecutivo informe sobre diferentes puntos en relación al proyecto de ley formulado en el expediente 47787/2004-S (primer proyecto de ley del Área Protegida en Uspallata)
Expediente 50226/2005-S: Solicitando al Poder Ejecutivo informe sobre datos catastrales de las tierras involucradas en el mismo proyecto de ley.
Expediente 50227/2005-S: Solicitando al Centro Regional de Investigaciones Científicas y Técnicas dictamen técnico del mencionado proyecto de ley

En los dos primeros casos las contestaciones fueron parciales, en el tercer caso no la hubo y el trámite fue archivado.

Al respecto, en relación a este tema, hay que dejar bien en claro que el proyecto de creación del Área Natural Protegida Uspallata-Polvaredas es una iniciativa ciudadana, formulada dentro de los términos de los artículos 2 y 3 de la Ley Provincial 5961. Además, en cumplimiento al artículo 26 de la Ley 6045, la autoridad de aplicación de esta norma, oportunamente avaló este proyecto de ley, tal como se puede constatar en los antecedentes expuestos precedentemente. Con esto queremos decir que se está cumpliendo con el requisito legal y jurídico fundamental para exigir que el proyecto sea sancionado tal como fue formulado por los vecinos, que es la defensa del ambiente, expresamente especificada en esa norma, además de todo el cúmulo de fundamentos legales, jurídicos, técnicos, ambientales y socio-económicos esgrimidos en la propia fundamentación del texto original del proyecto de ley.
Dicho esto, conviene recordar que la Ley Provincial 6045 (de Áreas Naturales Protegidas) es bastante clara al respecto: los únicos informes técnicos necesarios para proponer la creación de nuevas áreas protegidas son los del IADIZA y los de la DRNR. En este caso los informes fueron pedidos, hace ya más de 10 años y nunca fueron respondidos. Además también conviene recordar que en casos anteriores, cuando se trataron proyectos de creación o ampliación de Áreas Naturales Prtegidas en la Legislatura de Mendoza, ya ocurrió que se pidieron estos informes y los organismos pertinentes no los contestaron; aún así, la Legislatura de Mendoza avanzó con los proyectos y terminó sancionando las leyes, ante el reclamo de la sociedad, con lo cual, a la luz del abundamiento de antecedentes al respecto, no hay absolutamente ningún motivo para se que en este caso se proceda de la misma manera (salvo, desde ya, algún interés corporativo contrapuesto, que no dudamos, esté haciendo lobbyng en todos los ámbitos gubernamentales y legislativos involucrados).
Existe además un dictamen jurídico de Asesoría de Gobierno de Mendoza en relación a este tema, aclarando que el dictamen técnico del IADIZA requerido según inciso "c", artículo 59 de la Ley Provincial 6045, son necesarios; no obstante, su ausencia en el expediente del proyecto de ley (pasado un lapso prudencial de haber sido solicitados, en este caso 11 años) no puede ser un motivo esgrimible para que no se lleve adelante una decisión de interés general y superior, como es tomar una medida impostergable de proteger el ambiente (Principios Preventivo y Precautorio, artículo 4°, Ley Nacional 25675).
En síntesis: la Ley Provincial 6045 obliga a su autoridad de aplicación (la DRNR) a pedir el dictamen técnico del IADIZA para la creación de nuevas áreas naturales protegidas, sin embargo, tal disposición puede ser obligatoria, pero no vinculante, según la legislación vigente en materia de procedimiento administrativo, y su ausencia "no imposibilita a los legisladores a adoptar decisiones en las que esté en juego el interés general" (Asesoría de Gobierno de Mendoza, contestacontestación de la Causa N° 85.327, caratulada "Minera Angloamerican contra Gobierno de Mendoza s/acción de inconstitucionalidad").

Los continuos palos en la rueda y actos de censura que interpone la Municipalidad de Las Heras para impedir que se proteja el agua de todxs lxs mendocinxs:

La Municipalidad de Las Heras estuvo dirigida durante 28 años por el Partido Justicialista. Durante todo ese período hubo una oposición manifiesta al proyecto de ley de creación del Área Natural Protegida Uspallata-Polvaredas, ya que en esas gestiones (especialmente en la del Intendente Miranda) el municipio apoyó e impulsó la megaminería metalífera hidrotóxica. Esta postura política quedó claramente de manifiesto y plasmada mediante documento público, cuando se formuló el proyecto de la explotación de la mina San Jorge, en cuyo expediente de informe de impacto ambiental, hay un dictamen de la Municipalidad de Las Heras contundentemente favorable, que lleva la firma del propio intendente.
El 10 de diciembre de 2015 cambiaron de signo políticos las autoridades, manifestándose públicamente los dirigentes radicales como "militantes del agua", discurso que tempo después se comprobó su total falsedad, en base a una sucesión ininterrumpida de hechos concretos, abosolutamente contrarios a tal proclama.
En la previa a las elecciones e incluso una vez electos y días antes de asumir, algunos dirigentes radicales de Las Heras se manifestaron en contra de la megaminería y a favor del proyecto de ley del Área Natural Protegida Uspallata-Polvaredas, formulado por los Vecinos Autoconvocados de Uspallata. En esta larga lista de quienes emitieron declaraciones públicas en este sentido, están incluidos el actual intendente, Daniel Orozco, los actuales concejales Gustavo Gil, Elio Parés y Karina Ferraris (quien con anterioridad ya había presentado un proyecto de aval municipal), el senador provincial por Las Heras, Héctor Quevedo (quien es además uno de los que prestaron la firma para que el proyecto mantuviera estado parlamentario), etc.
El 30 de diciembre de 2015, los Vecinos Autoconvocados de Uspallata mantuvieron un encuentro con Daniel Orozco, Intendente de Las Heras recientemente asumido en ese entonces, en la sede de la Delegación Municipal en Uspallata. A él se le entregó en mano un proyecto de Ordenanza Ambiental-Minera, para complementar en el territorio del Departamento de Las Heras, lo normado por la Ley Provincial 7722. El artículo 2 de esta ordenanza fue copiado textualmente del artículo 1 de la Ley Provincial 9526 de Córdoba (hermana de la Ley 7722 mendocina y que al igual que ésta, fue declarada constitucional en fallo unánime de la máxima instancia judicial de esa provincia). El artículo 3 del proyecto de ordenanza era el aval municipal al proyecto del área natural protegida. En ese momento el intendente Orozco se mostró favorable a la iniciativa y se comprometió a impulsarla ante los vecinos que fueron a verlo.
En esa misma fecha (30 de diciembre de 2015), se le presentó el proyecto de ley de creación del Área Natural Protegida Uspallata-Polvaredas al recientemente designado Director de Turismo del municipio, Gustavo Barleta, en un encuentro mantenido por miembros de la Asamblea de Vecinos Autoconvocados de Uspallara con este funcionario y algunos prestadores turísticos locales, en el Hotel de Turismo de Uspallata. En este encuentro no sólo se le expuso a Gustavo Barletta los principales fundamentos y beneficios del proyecto, sino que además se le entregó en mano una síntesis escrita del mismo y los vínculos para acceder a todo el material técnico relacionado con el proyecto, que se encuentra subido a la web.
A los tres meses del encuentro con el intendente Orozco, y sin tener novedades del tratamiento del proyecto, los vecinos se contactaron con la concejala oficialista Karina Ferraris (quien con anterioridad en varias oportunidades se había mostrado públicamente afín a las propuestas de la Asamblea de Uspallata e incluso había propuesto un aval institucional al proyecto del área protegida en la gestión anterior). Esta concejala tomó como propio el proyecto de los vecinos, le puso la firma, tomando estado parlamentario el 16 de marzo de 2016. Posteriormente, esta misma concejala impulsó su tratamiento en el Concejo Deliberante de Las Heras, lográndose que sea sancionado por unanimidad, con el voto de los 12 concejales, la Ordenanza 12/2016, el día 14 de abril de 2016.
Sin haber transcurrido ni medio día de sancionada dicha ordenanza (e incluso con el propio aparato comunicacional del municipio haciéndo polítiquería barata con la sación, cuando queda claro que es un logro de la lucha popular), el intendente Daniel Orozco, en una suerte de "veto encubierto", bajó de un plumazo la Ordenanza de los Vecinos Autoconvocados de Uspallata. Sin embargo, este acto administrativo se mantuvo oculto y sólo fue dado a conocer 10 días después.
El 12 de mayo de 2016, se trató en el Concejo Deliberante el "veto encuberto" del Intendente Daniel Orozco a la Ordenanza de los Vecinos Autoconvocados de Uspallata, resultando la votación empatada en dos oportunidades, quedando ratificada la baja del intendente, por el voto doble del Presidente del Concejo Deliberante, el concejal radical Elio Parés. En declaraciones a la prensa posteriores a esta trapisonda política, quedó expuesta la incoherencia de este concejal, quien se manifiesta públicamente en contra de la megaminería, pero en los hechos concretos, opera en su favor, dictando actos administrativos en este sentido. Recordemos que el texto cuestionado de la ordenanza está tal cual la Ley Provincial 9526 de Córdoba, que está ratificada su constitucionalidad por parte del máximo órgano judicial de esa provincia, con lo cual, las argumentaciones de Elio Parés son completamente infundadas.
Hay dos datos curiosos en esta votación del Concejo Deliberante de La Heras: primero, que los 6 concejales oficialistas (5 radicales y 1 de Libres del Sur) votaron en contra de lo que habían suscripto dos semanas atrás, esgrimiendo excusas de las más disparatadas, como que "anteriormente no sabían lo que estaban votando". El otro dato curioso es que la concejala oficialista Karina Ferraris, no sólo votó en contra de lo que había votado a favor con anterioridad, tal como lo hicieron sus otros 5 pares de bancada; sino que además lo hizo en contra del proyecto al cual ella había puesto la firma, lo cual constituye no sólo un acto de incoherencia política y de borrar con el codo lo que se escribe con la mano, sino un verdadero acto de fraude y traición hacia los vecinos que habían confiado en su supuesta postura de apoyo a la inciativa de la Asamblea de Uspallata.
De boca de la propia concejala Karina Ferraris, se pudo saber que quienes ejercieron lobbyng para bajar la Ordenanza Ambiental-Minera de los Vecinos Autoconvocados de Uspallata fueron el dirigente radical uspallatino Raúl Villafañe (en ese entonces Secretario de Gobierno de la Municipalidad de Las Heras) y el dirigente del PRO a nivel provincial, Julio Totero (Presidente de la Cámara de la Industria Metalmecánica). Recordemos que éste último es actualmente el más activo lobbysta de la megaminería en Mendoza, siendo quiensugirió y fnalmente logró que colocaran al funcionario Emilio Guiñazú en el cargo que está desempeñando en el gabinete provincial.
El "observeto" del Intendente Daniel Orozco a la ordenanza de los Vecinos Autoconvocados de Uspallata no fue un hecho casual ni aislado, no sólo por los antecedentes ya expuestos, sino por la ininterrumpida sucesión de numerosos hechos nefastos protegonizados con posterioridad por el propio municipio de Las Heras o sus funcionarios, en la localidad de Uspallata, que corroboran la complicidad, la connivencia y el acuerdo implícito y oculto que existe entre la propia Municipalidad de Las Heras y el lobbyng corporativo de la megaminería en Mendoza, especialmente con los representantes de Minera San Jorge.
A los pocos días de ratificado por el Concejo Deliberante de Las Heras el veto encubierto del Intendente Orozco a la Ordenanza Ambiental-Minera de los Vecinos Autoconvocados de Uspallata, se pudo constatar que Minera San Jorge paga con cheques propios algunas compras que realiza la Municipalidad de Las Heras en los comercios de Uspallata. Ante la denuncia de los vecinos de este hecho, inaceptable desde calquier punto e vista, el Intendente Daniel Orozco defendió públicamente en los medios de Uspallata este accionar de la corporación megaminera, sosteniendo textualmente que "cualquiera puede realizar donaciones al municipio".
En fecha posterior, los concejales de Las Heras sesionaron por única vez en Uspallata. Los Vecinos Autoconvocados, haciendo uso de la "banca del vecino", volvieron a reclamar por la ordenanza bajada por el intendente y además le solicitaron al cuerpo deliberativo aval institucional al proyecto de ley del Área Natural Protegida Uspallata-Polvaredas. La respuesta de los concejales fue de indiferencia total y desde ese entonces, ningún concejal de Las Heras volvió en visita oficial a Uspallata...
Por su parte, el Intendente Orozco pretendió justificar su "veto encubierto" esgrimiendo sus supuestos conocimientos como médico para relativizar la toxicidad de las sustancias cuestionadas, además de pasar por alto toda la argumentación legal y jurídica expuesta en los propios considerandos del proyecto que él bajó por pedido expreso del lobbyng corporativo de la megamienría. Mientras tanto, en sus discursos para la tribuna siguió diciendo que él se considera "un militante del agua".
Consultado por su apoyo al proyecto del Área Natural Protegida Uspallata-Polvaredas, el intendente Orozco siempre dio respuestas ambiguas, para eludir su verdadero posicionamiento político contraria a todo lo que provenga del campo popular, o cual, evidentemente no le conviene hacer público. La principal excusa que puso es que el municipio tiene en carpeta un proyecto de energías alternativas. En conocimiento de esto y aún tratando de mantener un canal de concenso y diálogo (más allá de los plantones y las traiciones de los funcionarios y concejales municipales), los Vecinos Autoconvocados le entregaron en mano al Intendente Orozco una propuesta alternativa de Área Potegida que incluye a los proyectos energéticos del municipio. Tampoco en este caso se obtuvo una respuesta, quedando esta propuesta alternativa exclusivamente en manos del municipio; por ende, los vecinos seguirán proponiendo la versión original del proyecto del área protegida, hasta tanto el municipio se expida al respecto y manifieste mediante acto administrativo oficial, su apoyo explícito al Área Natural Protegida Uspallata-Polvaredas.
El aparato comunicacional de la Municipalidad de Las Heras va en el mismo sentido: colonizar el conocimiento y despatrimonializar, para que la población pierda apego a su tierra y a su historia. La insistencia en la mentira infundada de que el 30 de Octubre es el día de Uspallata va en el mismo sentido, en este espacio de expresión demostramos (con citas bibliográficas y datos extraídos de documentos oficiales) que eso es una farsa total.
Ya en fecha más reciente, no sólo se siguió constatando que los funcionarios de la Municipalidad de Las Heras (y de la delegación en Uspallata) mantienen contacto fluido con los representantes de Minera San Jorge y los lobbystas locales de la megaminería, sino que además comenzaron a registrarse en Uspallata episodios de persecusión y censura por parte de funcionarios del municipio, hacia quienes se expresan públicamente en contra de Minera San Jorge y la meganería y a favor del proyecto del Área Natural Protegida Uspallata-Polvaredas. Esta presecución es especialmente explícita y encarnizada hacia aquellas personas que mantienen de una u otra manera, un vínculo de dependencia con el municipio, especialmente contratados, planes sociales y proveedores, que tienen expresamente prohibido participar de cualquier reunión, evento o manifestación que realice la Asamblea de Vecinos Autoconvocados de Uspallata.
Ámpliamente conocidos fueron los hechos públicos y notorios de censura a la libertad de expresión que pretendieron llevar a cabo los funcionarios municipales, cuando los vecinos de Uspallata quisieron expresarse en diversos actos públicos organizados por el mucipio. De todos estos hechos repudiables, detacamos las dos oportunidades en que funcionarios municipales pretendieron hacer retirar las pancartas en favor del proyecto de creación del Área Natural Protegida Uspallata-Polvaredas, primero del Encuentro Nacional de Artesanos, los días 10 y 11 de diciembre de 20016; y luego, en la Fiesta Distrital de la Vendimia, el día 22 de diciembre de 2016. En este último episodio fue tan inverosímil el argumento expuesto por los funcionarios municipales y tal el grado de prepotencia manifestado (especialmente por el funcionario Tello) que la policía debió frenar a estos tipos verbalmente violentos, diciéndoles que simplemente los vecinos estaban haciendo uso del derecho a la libre expresión en un espacio público, algo que evidentemente y a la luz de los hechos concretos, los funcionarios municipales no están dispuestos a permitir.
En estos mismos días, se tomó conocimiento de que la Municipalidad de Las Heras tiene previsto llevar a cabo el festejo del Bicentenario de la Campaña Sanmartiniana en conjunto con Minera San Jorge, planificando de manera conjunta los actos conmemorativos y el diseño de cartelería alusiva, así como un proyecto declarativo patrimonial, con la clara intención de contrarrestar y volver obsoleto el reclamo de los vecinos por el área protegida, cuestiones que se estaban acordando en la más absoluta reserva... Al respecto, el Director de Turismo, Gustavo Barletta, tuvo que salir a reconocer públicamente el contacto con Minera San Jorge para los festejos del bicentenario, mientras al mismo tiempo dijo desconocer el proyecto de ley de creación del Área Natural Protegida Uspallata-Polvaredas, a pesar de que, como ya se dijo con anterioridad, este señor mantuvo un encuentro con miembros de la asamblea, donde fue puesto en conocimiento del proyecto, sus fundamentos, beneficios para el turismo local, y le fue entregado material escrito y vínculos para ampliar dicha información con documentos técnicos subidos a la web. Evidentemente, con esta suerte de "olvido exprofeso" Gustavo Barletta es otro más de esos "funcionarios que no funcionan"
Cuando el Gobernador Alfredo Cornejo vino a Uspallata en visita oficial, los Vecinos Autoconvocados mantuvieron un breve encuentro con funcionarios municipales. Lo funcionarios inisitieron que son "militantes del agua", no obstante, se les recordó que del dicho al hecho hay un largo trecho, ya que la Asamblea de Vecinos Autoconvocados de Uspallata considera un acto de traición al pueblo haber bajado la Ordenanza Ambiental-Minera sancionada por unanimidad, además de su falta de postura pública con respecto al proyecto de ley del Área Natural Protegida Uspallata-Polvaredas, la persistencia en seguir manteniendo contactos con el lobbyng corporativo de la megaminería, los continuos actos de persecisión y censura; y que, habiendo transcurrido un año de la gestión del Intendente Orozco, la Municipalidad de Las Heras no haya cambiado su dictamen abiertamente favorable al proyecto megaminero San Jorge, obrante en el correspondiente expediente de impacto ambiental.
En síntesis, en los hechos concretos y más allá de los meros discursos declamativos para la tribuna, la nueva gestión de la municipalidad de Las Heras, sigue estando en sinton{ia con el lobbyng corporativo de la megaminer{ia y en contra de quienes defienden el agua de todxs lxs mendocinos. El veto de Orozco a la Ordenanza Ambiental-Minera, la falta de pronunicamiento del municipio con respecto al proyecto de ley de creación del Área Natural Protegida Uspallata-Polvaredas, la no modificación del deictamen técnico del municipio en el expediente de la mina San Jorge, y los reiterativos actos de censura y persecución a la libertad de expresión hacia miembros de la Asamblea de Vecinos Autoconvocados de Uspallata, son apenas botones de muestra de tal posicionamiento político, por parte del Inendente Orozco, todos sus funcionarios y los concejales oficialistas.

De último momento: un croquis bastante sospechoso de autoría desconocida...

Por estos días está circulando en Uspallata el borrador de un croquis a mano alzada de lo que son las verdaderas intenciones del Gobierno de Mendoza, con respecto al proyecto del área protegida, completamente opuestas al interés general de la población.
De la lectura e interpretación de este croquis se puede inferir lo siguiente: que la Secretaría de Ambiente de Mendoza pretende que el área protegida esté conformada por un polígono de reducidas dimensiones, delimitado por los ríos Mendoza, Vacas y Picheuta. Esta área no sería provincial, sino de jurisdicción federal, o sea, un Parque Nacional. A su vez, esta área estaría rodeada en su límite norte por una zona de similares dimensiones, designada como "reserva militar de la defensa" (figura carente de fuerza legal para cumplir con los objetivos de conservación planteados en el proyecto del área protegida de los Vecinos de Uspallata). En el mismo croquis se infiere que el resto de las tierras fiscales que rodean a Uspallata continuarían siendo campo militar sujeto al mismo régimen que el actual y las tierras privadas (Incluida la totalidad de la Estancia Yalguaraz, donde se pretende llevar adelante la explotación megaminera de San Jorge), quedaría afuera de cualquier tipo de categoría de conservación fijado en la Ley Provincial 6045.
Esto quiere decir que, (siempre haciendo una interpretación del croquis a mano alzada que anda circulando por Uspallata), el Gobierno de Mendoza tiene la intención de reducir el proyecto del Área Natural Protegida de los Vecinos de Uspallata, que hace más de 20 años vienen tramitando en la Legislatura, a un Parque Nacional que abarcaría tan sólo el 10% de la superficie del proyecto original, y que consecuentemente dejaría afuera casi la totalidad de los valores de conservación enumerados en los fundamentos del proyecto de ley, quedando librados al pillaje la depredación megamineras.
Se recuerda que la Ley Provincial 6045 (de Áreas Naturales Protegidas), establece los límites de cuenca como creiterio rector para delimitar áreas naturales protegidas que cuenten entre sus objetivos de conservación el bien común agua. Por ello, no se entiende cómo es que se está avalando la delimitación con el propio cauce del Río Picheuta. Ni siquiera han mantenido un criterio ecológico reduccionista para descartartar el proyecto de los Vecinos de Uspallata y reemplazarlo con otro que, ya desde su formulación, no tiene ningún tipo de sustento empírico, ni en la ciencia ni en la normativa vigente, y sólo apunta a una suerte de arreglo político para salvar las serias deficiencias de funcionamiento de la autoridad de aplicación en materia ambiental del Gobierno de Mendoza, así como las impericias de sus funcionarios.
En el área delimitada por el croquis quedaría afuera la mayoría de los valores de conservación que se intentan proteger en el proyecto de los Vecinos de Uspallata: Los glaciares Tambillos, Barauca, San Alberto, y la mayor´´ia de los glaciares del cordón del tigre, la totalidad de las nacientes de cusros de agua que riegan el oasis agrícola de Uspallata, la gran mayoría de poblaciones y habitats de especies consideradas monumentos naturales por la Ley Provincial 6599, la representatividad ecosistémica bajaría de tres ecorregioes con sus respectivos ecotonos a una sola, la diversidad biológica se reduciría a un 20%, sitios patrimoniales de valor universal quedarían excluidos: el Qhapac Ñan, el Cerro Tunduqueral, etc...
Tratando de buscar por qué, más allá de los discursos, el gobierno no quiere área protegida en Uspallata, uno se encuentra con una pata pol{itica fundamental: conocido es (al menos en Uspallata, donde se sigue con detenida atención todas las peripecias del proyecto del área protegida) que existe una suerte de guerra de egos, exteriorizada en una manifiesta enemistad política, entre Humberto Mingorance (actual secretario de Ambiente del Gobierno de Mendoza) y Tadeo García Zalazar (actual Intendente de Godoy Cruz, que le puso la firma al proyecto de los vecinos cuando era legislador). ¿Qué tiene que ver esta rencilla política de conventillo y cacicazgo, con el bloqueo a la sanción del proyecto de ley del área protegida en Uspallata? Pues es muy sencillo: La puja interna del radicalismo por la sucesión de Cornejo en la intendencia de Godoy Cruz, que era entre Mingorance y García Zalazar fue dirimida por el propio actual gobernador en favor del último mencionado, quedando para Mingorance tan sólo el puesto de Secreario de Ambiente, un cargo de gran exposición pública, pero de escaso poder político, ya que la Secretaría de Ambiente de Mendoza maneja apenas la infima suma del 0,3% del presupuesto provincial. En esas circunstancias, ha trascendido en los pasillos de la Casa de Gobierno, que Mingorance ha intentado pisar todos los proyectos de índole ambiental que llevan la firma de García Zalazar, cuando era legislador provincial. Quisiéramos creer que este no es el motivo que lleva al Gobierno de Mendoza a no dar respuesta al reclamo de los Vecinos Autoconvocados de Uspallata.
Recordemos que el día 2 de enero de 2016, el recién asumido Secretario de Ambiente de Mendoza, Humberto Mingorance, mantuvo un encuentro con los vecinos Autoconvocados de Uspallata, en donde se le plantearon explícitamente 3 demandas principales:
  1. 1) El proyecto de ley del Área Natural Protegida Uspallata-Polvaredas
  2. 2) La baja definitiva de proyecto megamienro San Jorge
  3. 3) La apertura de una delegación de la Dirección de Recursos Naturales Renovables en Uspallata
Tales demandas fueron ratifiadas en una reunnión del Consejo Provincial del Ambiente que la propia Secretaría de Ambiente del Gobierno de Mendoza, convocó unos días después y a la cual, los vecinos Autoconvocados de Uspallata asistieron invitados por los funcionarios de dicho organismo.
Al día de hoy ninguna de estas demandas ha sido atendida. Sólo hay un anuncio de que a Minera San Jorge la estarían obligando a presentar todo de nuevo en caso de que pretenda continuar con su explotación, luego del rechazo legislativo de 2011.
El otro hecho a considerar en este análisis, es la visita de técnicos de la Administración de Parques Nacionales a Uspallata, en consonancia con la intención de que una parte del área natural protegida proyectada por los Vecinos Autoconvocados hace ya más de 20 años, sea un parque nacional. Desde ya, los vecinos están completamente de acuerdo con la implementación de un parque nacional, siempre que se respete el espíritu original de su proyecto, el cual tiene un basamento legal técnico y jurídico que lo fundamenta, principalmente en su extensión. Es por ello que los vecinos han planteado que se apoyará la creación de un parque nacional de menores dimensiones, con la expresa condición de que éste se encuentre reodeado de un área natural protegida provincial que abarque la totalidad de la superficie faltante, siempre en el marco de la Ley Provincial 6045. Además también pidieron expresamente que la totalidad de las dependencias administrativas del futuro Parque Nacional se ubiquen en Uspallata.
Desde ya, la circulación del croquis mencionado anteriormente no estaría cumpliendo con las demandas de los vecinos, desconociéndose si el mismo es de autoría de algún funcionario provincial, nacional, de ambas jurisdicciones o si sólo es una versión anónima que se echó a rodar para meter ruido en el reclamo de los vecinos
Más allá de la veracidad o no de este croquis, está clar que, de acuerdo al enojo manifieto del gobernador en su visita a Uspallata y a las ya mencionadas reacciones polítticamente incorrectas de los funcionarios de la Municipalidad de Las Heras, es evidente que el sostenido reclamo popular por el Área Natural Protegida Uspallata-Polvaredas es inocultable para el gobierno y está incomodando a muchos funcionarios de diversos ámbitos del estado.

Queda completamente aclarado, ante el detallado análisis expuesto, que tanto el gobierno provincial y municipal, así como de legisladores provinciales y concejales, que no tienen la más mínima intención de aprobar el proyecto de ley de creación del Área Natural Protegida Uspallata-Polvaredas, que lleva más de 20 años de tramitación, período en el cual ha logrado reunir ámpliamente la totalidad de las fundamentaciones administrativas, legales, jurídicas y técnicas para que el mismo sea aprobado. Entendemos perfectamente que esta negativa por parte de quienes cuando eran oposición nos prestaron su firma, obedece exclusivamente a los intereses megamineros a los que por acción u omisión, es público y notorio que responden o hacen el juego. Queda para el pueblo entonces, únicamente la vía de la movilización para que el proyecto de ley sea de una buena vez aprobado, no queda otra. El 2017 será un año electoral, seguramente esa será una buena oportunidad, teniendo en cuenta que reivindicaciones similares (como la ley 7722, la ampliación de la Reserva Laguna del Diamante o el no legislativo a Minera San Jorge) fueron conseguida merced a la movilización popular bajo estas circunstancias




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